Diario La Tercera (18/05/2000)

Desde febrero se sabía que la situación era insostenible
1.233 millones de pesos es la deuda de Itesa

Durante el año pasado fueron informados el Ministerio de Educación, el Consejo Superior de Educación, el Ministerio del ramo e Impuestos Internos, sin que se llevaran a cabo acciones en contra de la institución.

Deudas reconocidas por 1.233 millones de pesos son las que tienen en su conjunto el Centro de Formación Técnica S.A., el Instituto Profesional Itesa S.A. y una tercera sociedad, a cargo de Mauricio Bravo Lyon, Juan José Arroyo y Nolberto Requena. Este último tiene cinco órdenes de aprehensión por giro doloso de cheques y fue inhabilitado como concejal de Cerrillos.

Así se desprende de una serie de documentos entregados en forma exclusiva a La Tercera, en los cuales se advierte la dramática situación financiera de ambas instituciones que afecta la educación de tres mil alumnos.

Según el documento Condiciones y Acuerdos Generales de Negociación Itesa S.A., del 8 de febrero de 1999, se estableció un acuerdo marco de negociación en los cuales el Centro de Formación Técnica (CFT) Itesa y el Instituto Profesional del mismo nombre dejan de tener el giro de Limitada y se transforman en sociedades anónimas, debido "a que se encuentran en graves problemas financieros que han puesto en riesgo la continuidad de su giro".

En el acuerdo se establece que los socios controladores del CFT y del Instituto Profesional Itesa, además de las sociedades Inmobiliaria, Administración y Servicios Avenida España S.A., es decir, Nolberto Requena Velis, Gastón Peña Olivares y María Nuria Siques Lee, venden el 71 % de sus acciones a Inversiones El Gabino Limitada; Inmobiliaria e Inversiones El Campanil; Teodoro Sabate, Asset Limitada y Juan José Arroyo.

Además, se dejó consignado que Juan Enrique Gatica Astaburuaga y Eduardo Pérez, ambos gerentes generales de los factoring (empresas prestamistas) Factotal y Crecer Fractoring respectivamente, junto a Teodoro Sabate, se comprometían a solventar el déficit operacional de 800 millones de pesos, que se suman a las deudas de arrastre de obligaciones previsionales y documentos protestados a distintas instituciones, que suman en total 1.233 millones de pesos.

ACUERDO INCUMPLIDO

Sin embargo, este acuerdo no se cumplió, según consta en dos cartas que envió Nuria Siqués Lee, una de las socias, al entonces jefe de la División de Educación Superior, Raúl Allard y a la ex Secretaria Ejecutiva del Consejo de Educación Superior, María José Lemaitre, recibidas por ambas instituciones el 21 y 22 de abril de 1999. En dichas misivas, en el párrafo cinco, la mujer denunció que "las nuevas personas que llegaron a la institución no cumplieron con el pago de la deuda, no apostaron dinero y procedieron a tomarse ilegalmente el instituto profesional, quedando nuestro establecimiento en total orfandad, sin representante legal de hecho (Requena había cesado en esta función) y sin posibilidades de cancelar sueldos del presente mes de abril, a los docentes y el personal administrativo". Estos antecedentes también se hicieron llegar a Impuestos Internos el 16 septiembre de 1999, en que se señala que "se remitieron los antecedentes al departamento jurídico para solicitar el apremio al tribunal correspondiente".

Paralelamente, Nolberto Requena, aparece con cinco órdenes de aprehensión por giro doloso de cheques por un total de $ 21.199.650, según consta en un documento del 30 de junio del 1999, emanado por el Sexto Juzgado Civil de Santiago.

A su vez, en enero de este año, tanto el CFT como el Instituto Profesional vuelven a cambiar de razón social. El primero aparece bajo el nombre de Edutec S.A. y el instituto como Eduprof.

Cabe destacar que La Tercera llamó a cada una de las personas involucradas, las cuales no quisieron responder.

Pilar Armanet: "Sabíamos de la crisis"

Frente a la posible falta de fiscalización del Ministerio de Educación (Mineduc) en la crisis que afecta a Itesa, la jefa de División de Educación Superior, Pilar Armanet, aseguró que "siempre estuvimos al tanto de que había una empresa en graves poblemas económicos. Sin embargo, esto es un negocio entre privados, en el que sólo nos compete velar por el cumplimiento de las condiciones académicas".

Armanet explicó que el Mineduc venía observando "desde un período largo", las deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento. "Cuando entraron nuevos socios, vimos en ellos la esperanza de que aportaran capital fresco para resolver el problema, pero no podemos pre juzgar intenciones".

Agregó que "la situación irregular" de inscribir estudiantes en un centro de formación técnica sin reconocimiento oficial "sólo la conocimos en marzo este año. Es aquí donde procede un pronunciamiento nuestro, pues se ha alterado la fe pública".

Asimismo, Armanet explicó que este lunes se termina el plazo otorgado por el Mineduc a Itesa para intentar resolver satisfactoriamente el problema. "Si no hay una solución que se ajuste a derecho, la institución se cierra".

Por otra parte, hoy se fallaría sobre el desalojo de la sede central de Itesa, ubicada en República 78, por parte del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, debido a que el dueño real de la propiedad es el centro de formación técnica Simón Bolívar, entidad a la que no se le ha cancelado ningún pago por ocupación.