Diario Siete (25/09/2005)

A las once de la mañana del viernes 28 de mayo de 1993, comandos paracaidistas del Ejército con sus rostros tiznados, portando lanzacohetes, lanzagranadas y chalecos antibalas rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas a sólo unos pasos de La Moneda. Se iniciaba así el "boinazo", la rebelión militar que tuvo en vilo al país entero por varios días a sólo tres años del fin de la dictadura.

La historia oficial diría que la reapertura del caso "pinocheques" y la inminente encarcelación de Augusto Pinochet Hiriart por haber recibido tres millones de dólares del Ejército por concepto de la venta irregular de la empresa de armamentos P.S.P. -noticia entregada en exclusiva por el diario La Nación esa misma mañana- motivaron la asonada. Nadie reparó en esos días de débil transición en las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Schaulsohn, quien pocos días antes había denunciado las irregularidades en la venta de armas al exterior por cuenta del Ejército a través de Famae.

Pero la denuncia de Schaulsohn golpeó en el corazón de núcleo militar que en el más estricto secreto -y encabezado por el propio Pinochet- se había parapetado en las nuevas leyes de Famae para desplegar la más ambiciosa red de tráfico de armas que se haya conocido en Chile y sin que ninguna autoridad o institución del Estado tuvieran el más mínimo control sobre ella. Tampoco sobre las suculentas sumas de dinero que manejaban. Una red que en esos días de mayo de 1993 experimentaba serios problemas "de caja" y que se vio acorralada cuando en el Ministerio de Defensa se acumularon durante meses las órdenes de exportación de armas sin que fueran visadas por el subsecretario de Guerra, Marcos Sánchez.

A tal punto llegó la necesidad de ingresar fondos que el 27 de marzo, un peculiar aviso fue publicado por Famae en algunos diarios del país: "Más de 180 años fabricando productos para la defensa. Hoy Famae piensa en su seguridad personal. Revólver calibre 38 SP. Precio especial a mayoristas. Famae. Av. Pedro Montt 1606, Santiago. Metro estación Rondizzoni".

La desesperación se entiende. La dilación en la entrega de armas provocaba la indignación de los compradores, la mayoría eran grupos rebeldes en conflictos irregulares o países en guerra, y no cumplir compromisos en una materia tan peligrosa como millonaria amenazaba con sacar a la superficie todo el entramado secreto que Pinochet y su grupo habían logrado levantar desde 1988, poco antes del plebiscito.

Dos días después de iniciado el "boinazo", cuando aún se escuchaba el ruido de sables en los alrededores de la Plaza de la Constitución y la plaza Bulnes, el entonces senador designado Santiago Sinclair, ex vicecomandante en jefe del Ejército, recibió el encargo de Pinochet de dar a conocer el petitorio de la asonada. En el tercer punto, figuraba la demora en la tramitación de documentos por parte del Ministerio de Defensa. Sinclair dijo algo más: con voz airada denunció que la institución castrense "está infiltrada, de otra forma no se explica cómo un documento reservado sobre armamentos que debía estar en la Casa Militar, ahora esté en poder del diputado Jorge Schaulsohn".

A esa hora, el Ejército seguía vistiendo tenida de combate mientras en el Ministerio de Defensa y previo total despeje del piso 21, se iniciaba una reunión estrictamente reservada para terminar con el alto de documentos sin firma. Para que quedara claro que la amenaza seguía presente, en el acto de aniversario de la Escuela de Infantería, al que todos los generales se presentaron con tenida de combate, una sección efectuó un simulacro de asalto a una estación de radio adversaria al ritmo de La

carga de las walkirias de Wagner, la misma que sirviera de telón de fondo para la famosa escena de ataque aéreo de Apocalipsis Now. A los civiles presentes se les cortó el aliento. El objetivo estaba cumplido.

El artículo de análisis de La Tercera de ese domingo llevó el titulo "Despertaron al león". Pero el león se volvió a dormir cuando el general Jorge Ballerino y el ministro Enrique Correa sellaron con un acuerdo estrictamente reservado el fin de la rebelión. Allí en el tercer punto, se autorizaba a Famae a materializar nuevas adquisiciones - 12 carros Mowag, entre ellos-, se abría una línea de crédito Corfo para comprar y ofrecer productos, y dispone normas para la firma rápida de los decretos para la exportación de armas y materiales. El 5 de junio el propio Patricio Rojas, ministro de Defensa, se encargaría de decir que el punto más crítico era el último, aclarando que el incumplimiento en la acreditación del destino final de la venta de armamentos era la causante del atraso.

Poco después, un orgulloso general Luis Iracabal, director de Famae, exhibía uno de sus mejores productos en venta: la subametralladora SAF, presentándola como una de las tres mejores del mundo (US$ 600 cada una). Y no escatima elogios para su diseñador, el mayor e ingeniero politécnico militar Guillermo Ortiz Marín.

Nadie podía sospechar que el mismo Ortiz sería durante un tiempo el administrador de la "empresa madre" para el tráfico de armas y la obtención de comisiones del núcleo duro de Pinochet: Cornwall Overseas Corporation,la sociedad de inversiones con acciones al portador creada en las Islas Vírgenes por el abogado Óscar Aitken Lavanchy, miembro del grupo directivo de Famae y albacea de Pinochet. Y menos que nueve años más tarde, Guillermo Ortiz se retiraría del Ejército convertido oficialmente en el nuevo representante de una de las mayores empresas de armas suizas, la SIG, reemplazando al recién fallecido ciudadano de origen húngaro y nacionalizado chileno Carlos Honzik, uno de los más importantes intermediarios de armas del continente y amigo de Pinochet.

Honzik tuvo otra razón para disfrutar en su cómodo departamento de avenida El Golf de los términos del fin del "boinazo" en esos días. Como representante de la empresa suiza Mowag, tendría su parte por la adquisición conseguida de los carros de combate. Una comisión que compartiría, ya que su nexo con Pinochet y Aitken

fue tan estrecho que llegó a ser el controlador de la otra sociedad con acciones al portador -Berthier Investment- que constituyó la empresa madre del tráfico: Cornwall.

Pero esa es otra historia que permaneció en secreto, aunque su desarrollo, que la investigación del ministro Sergio Muñoz recién está sacando a la luz, demuestra que se gestó justo antes del plebiscito con un sofisticado entramado de nuevas leyes y sociedades de papel para obtener dividendos ilícitos.

El holding de Pinochet

El 12 de marzo de 1990, despojado de su piocha de mando por el mandato de las urnas, aunque no de la auténtica de O'Higgins, Pinochet inauguró las oficinas de nuevo comandante en jefe y presidente del holding Ejército, a pocos metros de La Moneda. Una ley dictada en los últimos actos de la Junta Legislativa, en febrero de 1990, le permitía ser corredor de propiedades, instalar una universidad y mantener su propio equipo de investigación y espionaje sobre la marcha política del país, fabricante, comprador y vendedor de armas, empresa constructora, complejo químico industrial, administrador de fundos y de la gran cantidad de tierras y bienes que fue traspasando al Ejército a lo largo de la dictadura y que ahora podía arrendar o vender sin que nadie se lo impidiera.

Todo aquello se gestó en 1988, poco antes de que Pinochet perdiera el plebiscito. Un punto clave del nuevo modelo fue la ley N° 18.723, aprobada en julio de 1988, que le "otorga atribuciones que indica al Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército". Un hombre clave en la tramitación de esa ley y cuya firma rubrica el

último paso de recepción fue el coronel Gerardo Huber, entonces a la cabeza del Comando del Complejo Químico e Industrial, el que junto al Instituto Geográfico Militar y al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, se beneficiaron con nuevas atribuciones empresariales. Cuatro años después moriría en extrañas circunstancias, luego de que estallara el escándalo por el tráfico de armas a Croacia.

El primer paso de la ejecución del plan fue el nombramiento del coronel Guillermo Letelier Skinner como nuevo director de Famae, el 4 de diciembre de 1989. Letelier era uno de los hombres de mayor confianza de Pinochet, acostumbrado a las tareas de choque. En marzo de 1985, Pinochet lo nombró gerente general de Corfo, teniendo como misión llevar a buen puerto la fase privatizadora más importante de las empresas estatales. Así como su gestión en Corfo fue estratégica para los fines económicos del modelo Pinochet, así lo sería para la fase que se avecinaba. Famae debía transformarse en un holding y nadie mejor que Letelier para conseguirlo. Pero había otro plan paralelo, aún más ambicioso, del cual sólo sabrían unos pocos hombres.

Uno de los últimos actos del comandante en jefe fue apropiarse de la mansión de los presidentes de 15 millones de dólares, la que hizo construir en 1983 en Lo Curro, en plena crisis económica, y que debió dejar sin habitar ante el escándalo desatado por el dinero del Estado invertido. Y también del edificio Diego Portales. Pero lo más importante vino poco después. Letelier Skinner, asesorado por su ex jefe de gabinete en la Corfo, Axel Buchheister: hizo que la Junta le aprobara una nueva ley que aumentó la capacidad empresarial autónoma de Famae, permitiéndole no sólo fabricar, reparar y comercializar pertrechos bélicos para la Defensa Nacional, sino también realizar las mismas funciones para toda clase de piezas y artículos industriales, formar o constituir sociedades públicas sean estas privadas, nacionales o extranjeras.

Cuando la modificación de la Ley Orgánica de Famae -aprobada el 16 de febrero de 1990- fue promulgada en el Diario Oficial hacía 12 días que el periodista John Muller en el diario El Mundo de España, estaba revelando todos los detalles del escándalo por la venta de bombas de racimo a Irán en 1985. La empresa vendedora era Ferrimar. El hombre que firmó el crédito de la Corfo que le permitió convertirse en fabricante y vendedora de armas: Guillermo Letelier, como gerente de Corfo. Su negociador en España: el coronel Carlos Carreño.

Pero en esos días de febrero de 1990, todos quisieron olvidar la denuncia que hizo el Washington Post en octubre de 1987, cuando el periodista John Goshko informó que funcionarios de Estados Unidos, supuestamente de inteligencia, están en antecedentes que el Ejército sandinista de Nicaragua utilizó recientemente bombas de racimo fabricadas por Ferrimar en ataques aéreos contra rebeldes antisandinistas. Habrían sido adquiridos a Ferrimar vía Panamá. Para la venta de armas no había barreras ideológicas.

En esos últimos y frenéticos días de enero de 1990, las leyes de amarre no tuvieron ningún obstáculo. Si los miembros de la Junta se opusieron a la creación de la Universidad Bernardo O'Higgins, Pinochet los hizo aprobar la nueva ley del Ejército, la que lo convertía en el presidente del holding, y finalmente también, obtuvo su universidad.

Letelier en tanto, ya tenía listo el modelo de gestión para administrar la repartición de utilidades de Famae según la nueva ley: 35% para el incremento de fondos de explotación, 30% para las adquisiciones, 20% para gratificaciones del personal, 5% de libre disposición para necesidades de bienestar del personal y 10% para trabajos de investigación y desarrollo. En los hechos quedaba la mayor parte a disposición de una autoridad: Pinochet.

Catorce días después de abandonar La Moneda, Guillermo Letelier anunció que Famae y una de las principales empresas de armas del mundo, Royal Ordnance, filial de la británica British Aerospace, se habían asociado para desarrollar un sistema de cohete para artillería. Se hacía público el proyecto más ambicioso y millonario de Pinochet: el cohete Rayo.

Fue otro momento que Carlos Honzik celebraría junto a Pinochet como representante de British Aerospace. En los años que siguen acompañará tres veces al general a Inglaterra.

Pero no todo era éxito en la tarea de Letelier. Lo que nadie supo en esos días y sólo ahora se descubre es que el modelo de gestión ideado para la expansión de la venta de armas se había encontrado con un gran obstáculo. El 7 de febrero de 1990, la Contraloría rechazó la constitución de tres nuevas empresas satélites de Famae para su expansión empresarial: Complejo Industrial Químico (Ciquinsa), Instituto de Investigación y Control (Idicsa) y la Editora y Cartográfica Terra Australis (Ecaterra). Los nombres en los tres directorios se repiten: los generales Fernando Hormazabal,Jorge Valenzuela y Rafael Ríos, además de Gerardo Huber y Enrique Alvarez Kladt.

Pero Lete1ier no se da por vencido. Insiste ante la Contraloría. Pero esta nuevamente, en octubre de 1990, rechaza la constitución de las tres sociedades al alero del Cimi. Sería el momento de ejecutar el plait por otra vía.

El 2 de febrero de 1991, Famae participa en la formación de la empresa satélite Andes Sam Industrial y ComerclaI de la mano de Manuel Medel Lepe y Helmut Hoffens. Veinte días más tarde, Famae y Andes Sam constituyen la más importante de las sociedades satélites de la empresa madre de las armas chilena: Arcomet S.A. Sus directores: David Fuenzalida González, Carlos Sepúlveda Cataldo, Manuel Chapa Sánchez, Pedro Meirone Castañeda y José Sobarzo Poblete.

Pero los problemas arreciaron. A la revelación de una financiera ilegal en el Ejército -La Cutufa- se sumaron el impacto que provocó en el país la entrega del Informe Rettig y los nuevos intentos por abrir un juicio en contra de Pinochet Junior por su participación en la empresa PSP. La comisión investigadora de la Cámara por los ilicitos cometidos en la compra por parte del Ejército de PSP amenazaban con sacar a la luz todo el entramado del tráfico de armas. La luz roja se encendió en Famae y también en el BIE. El Batallón de Inteligencia del Ejército debió entonces abocarse a la tarea de sacar del camino a todo aquel que amenazara al general Pinochet o a su familia. Otras empresas vendrían en su reemplazo.

A pesar de los problemas crecientes, la actividad empresarial de Famae no cesa. El 29 de mayo, Famae y Arcomet formaban Famil, cuyo capital asciende a los 180 millones de pesos. El clima de tensión no amainaba. En septiembre, Pinochet vuelve a amenazar al afirmar en un acto público: "El Ejército duerme como león".

Bajo la impronta del león rugiente se pone en práctica la otra fase del plan. Y la más secreta. En las oficinas de Famae se tejió la red. Letelier instruye al albacea de Pinochet, Óscar Aitken, ejecutivo de Famae (fue su auditor hasta que el abogado personal de Pinochet Fernando Lyon lo reemplazó) y a su asesor Axel Buchheister para que se forme en las Islas Vírgenes la sociedad de inversiones con acciones al portador Belview Internacional. Un modelo que servirá para ocultar la identidad de su controlador y propietario: Augusto Pinochet.

El gerente de la empresa será José Sobarzo Poblete, quien ya para entonces forma parte del núcleo duro comercial de Famae.

La inscripción de la sociedad en Chile se hará el 10 de agosto de 1991. Era la primera. Porque ya estaba lista la constitución de la "empresa madre" para la comisión de las ventas de armas. El 9 de octubre se constituye en Chile la sociedad de inversiones Cornwall Overseas Corporation, cuyo controlador será Óscar Áitken. A ella confluirán por distintas vertientes otra de las empresas creadas por Aitken para Pinochet, Eastview, también de las Islas Vírgenes, y Berthier Investment, controlada por Carlos Honzic.

Sólo restaba que Berthier oficializará su existencia en Chile lo que ocurre ello de octubre de 1991. Su nombre de fantasía será Euris Internacional Limitada.

Las tres tendrán en sus papeles de origen la misma dirección: Moneda N° 940, oficina 503.

Una nueva sociedad de papel creada en las Islas Vírgenes acreditó su existencia en Chile en esos mismos días de octubre: Marchill Investment. El titular de las acciones al portador: Guillermo Letelier Skinner, director de Famae. Dirección: Moneda 940, oficina 503. En la escritura aparece otra vez junto a Axel Buchheister y según afirmara Óscar Aitken se hizo bajo el mismo modelo de las dos anteriores: Belview y Cornwall. Olvidó decir a revista Siete+7 en esos días de agosto de.2004 que el mismo modelo se siguió para Berthier, cuyo controlador, Carlos Hozic, era el representante en Chile de SIG, Mowag, British Aerospace, de la empresa suiza Oerlikon (que vendió a la Fach equipo y cañones antiaéreos) y también de otra de las empresas de armas suizas importante: Contraves. Para entonces ya estaba en pleno desarrollo la sociedad de la Royal Ordnance (filial de British Aerospace) con Famae para el proyecto Rayo, la que se abría camino a través de la sociedad Famae Ordnance, de la cual aparece como director Óscar Aitken durante un tiempo.

El "nudo de negocios" en Famae

Para cuando las empresas de papel de Pinochet, Aitken, Letelier y Honzic estuvieron en regla, la estructura de Famae también estuvo a punto para iniciar el despegue. El núcleo duro de las decisiones estaba conformado por el director, Guillermo Letelier; el abogado Óscar Aitken, quien actuaba como asesor directo de Letelier y estaba viajando por el mundo o en sus oficinas en Famae; el gerente de Finanzas y jefe del Centro de Negocios de Famae, brigadier David Fuenzalida González; Hernán Sobarzo Poblete, gerente de Belview y también en la gerencia operativa de Famae; y también el oficial Carlos Sepúlveda Cataldo.

Sepúlveda, quien juega un rol principal en la empresa satélite de Famae, Arcomet, pronto seguirá los pasos de sus superiores. En 1993 se creará la empresa Minerva y más tarde la sociedad Minerva Training and Training System S.A.

Lo mismo, como ya se ha dicho, hará el entonces capitán Guil1ermo Ortiz, quien se hace cargo del área Armamentos de Famae.

Pero Ortiz aún no es incorporado al grupo duro, el que hace los viajes al exterior. Allí están Aitken, Fuenzalida y Carlos Sepúlveda. En 1991 los viajes se multiplican. Hay registros de desplazamientos a Uruguay, Ecuador, Paraguay, Inglaterra, Irak, Chipre, Malasia y Sudáfrica. En todos esos países se celebraron contratos de negocios. ¿Cuántos pasaron por las firmas del Ministerio de Defensa? ¿Cuántos millones de dólares en armas se vendieron? ¿Dónde fue depositada esa plata y cuál fue su destino final? Todas esas preguntas deberán ser resueltas por el ministro que tome el juicio por el origen de la fortuna de Pinochet cuando Sergio Muñoz ingrese a la Corte Suprema en los próximos días como es probable.

Pero lo que sí está es la prueba de los distintos depósitos que empresas de armas hacen a las sociedades de papel antes mencionadas y a otras cuentas de oficiales de ese núcleo duro de Famae.