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CÓDIGO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 97 N° 9 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO – LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS – ARTÍCULO 2 – LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA – ARTÍCULO 2 N° 1, 3 Y 17- LEY N° 19.039 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL – ARTÍCULO 28 LETRA A – CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL – ARTÍCULO 546.
LEYES RECULADORAS DE LA PRUEBA – CORTE SUPREMA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZADO.
La Excma. Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio de Impuestos Internos, en su calidad de querellante, en contra de una sentencia pronunciada por una sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a un contribuyente a una multa de cincuenta unidades tributarias mensuales y al pago de las costas de la causa, como autor del delito reiterado de comercialización de prendas con una marca ya inscrita en el Registro de Marcas Comerciales del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, previsto en el artículo 28 letra a) de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, absolviendo a este del cargo formulado en su contra como autor del delito de ejercicio clandestino del comercio o industria, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario.

En los considerandos de la referida sentencia, se expresa que el recurso planteado por la parte querellante pretende modificar los hechos fijados en la causa, los que son inamovibles para el tribunal de casación, que sólo podría alterarlos si se comprobara que se tuvieron por acreditados con transgresión de las leyes reguladoras de la prueba, situación que habría requerido invocar la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y las normas vulneradas en dicho ámbito, cosa que el libelo no hizo, no pudiendo tenerse por acreditados los elementos constitutivos de la infracción al artículo 97 N° 9 del Código Tributario y, en consecuencia no siendo procedente acoger el recurso de casación en el fondo deducido.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Vistos:

En los autos rol criminal Nº 4197-2003 del Décimo Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de primera instancia de dieciocho de octubre de dos mil siete, escrita de fojas 344 a 356, se condena a Pedro Antonio Correa Catalán a una multa de cincuenta unidades tributarias mensuales y al pago de las costas de la causa, como autor del delito reiterado de comercializar prendas de vestir con la marca “Polo Ralph Lauren” ya inscrita en el Registro de Marcas Comerciales del departamento de propiedad industrial del Ministerio de Economía, previsto en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, a nombre de la empresa The Polo/Lauren Company L.P. En la misma sentencia se absuelve al encartado Correa Catalán del cargo formulado en su contra como autor del delito de ejercicio clandestino del comercio o industria, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario.

Apelado dicho fallo por la parte querellante el Servicio de Impuestos Internos y por el sentenciado, previo informe de la Fiscal Judicial evacuado a fojas 405, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, escrita a fojas 409, confirmó, en lo apelado, la decisión de primer grado.

En contra de esta última sentencia, el abogado Christian Raggio Marín, en representación del Servicio de Impuestos Internos, parte querellante, interpuso recurso de casación en el fondo.

Concedido el señalado recurso y habiéndose declarado admisible, según consta de fojas 450, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que, tal como se ha expresado, en lo principal del escrito de fojas 420, el Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia de fecha veintitrés de diciembre de dos mil ocho, que confirmó la decisión de absolver al encartado Pedro Antonio Correa Catalán de la acusación formulada en su contra como autor del delito de ejercicio clandestino del comercio o industria, fundado en la causal cuarta del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia o el auto interlocutorio, calificando como lícito un hecho que la ley pena como delito, absuelva al acusado o no admita la querella, por la que estima infringido el artículo 97 N° 9 del Código Tributario y consecuencialmente los artículos 2 del DL 825, 2 N° 1, 3 y 17 del DL 824, según expone en el desarrollo del recurso.

SEGUNDO: Que el recurrente expresa que el artículo 97 N° 9 del Código Tributario sanciona el ejercicio efectivamente clandestino de la industria y el comercio. Entiende que la voz comercio se refiere a la práctica de los actos propios, esto es, todos aquellos destinados a obtener un lucro, comprendiendo las actividades que se realizan entre la producción y la venta de los productos, y que la industria se refiere al conjunto de operaciones destinadas a la obtención, producción, transformación o transporte de uno o varios productos. Agrega que todo lo anterior debe, además, relacionarse con el concepto de venta, en el que no se atiende a la procedencia del producto, y con la noción de renta, en la cual no cabe el distingo entre ingresos provenientes de actividades legítimas o ilegítimas, y que es el fundamento de la decisión de absolución.

De esta manera, en concepto del solicitante, los hechos de la causa se enmarcan en la industria clandestina (sic), ya que el acusado se sustrajo del control y fiscalización de la autoridad encargada de la materia, eludiendo los permisos propios de la actividad, comercializando, además, los productos en un lugar no destinado al efecto, su domicilio, por lo que resulta plenamente aplicable el tipo penal previsto en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, por lo que al emitir el veredicto absolutorio, los sentenciadores han incurrido en un error de derecho, solicitando, en definitiva, se invalide el fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, condenando al acusado como autor del señalado ilícito a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio y multa de 5 unidades tributarias anuales, más el comiso de las especies incautadas, las penas accesorias legales correspondientes y el pago de las costas, además, de la condena en calidad de autor del delito contemplado en el artículo 80 letra b) de la Ley 17.336 (sic).

TERCERO: Que una atenta lectura del libelo revela que el arbitrio va contra los hechos asentados en la sentencia, desde que se afirma que se configura el delito previsto en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, debido a que se trata de comercio realizado al margen del sistema impositivo y de la autoridad llamada a resguardarlo, en circunstancias que en el motivo tercero del fallo confirmado por los sentenciadores de segunda instancia se tuvo por acreditado que luego de llegar a conocimiento de carabineros que, en el inmueble ubicado en calle Lope de Vega N° 4537 de Estación Central, el propietario del mismo se hallaba confeccionando y comercializando vestimentas con el logo “Polo” y “Ralph Lauren”, para lo cual se había premunido de las etiquetas respectivas, que el mismo instalaba sin el conocimiento ni autorización de la empresa dueña de dicha marca, esto es, The Polo/Lauren Company L.P., se constituyeron el 19 de agosto y el 17 de septiembre de 2003, procediendo a incautar, en ambas oportunidades, la producción de vestuario que con la marca este mantenía consigo, de las cuales se tomaron muestras que al ser sometidas a pericia demostraron no poseer las características de autenticidad de sus homólogas genuinas usadas como testigo, aseverándose claramente, en el motivo séptimo del mismo que si bien el encausado confeccionaba y comercializaba prendas de vestir usando maliciosamente una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase en el clasificador vigente, ello no requiere de autorización del organismo fiscalizador impositivo, por cuanto éste no se encuentra facultado para amparar el inicio de actividades con objeto ilícito ni aun bajo el pretexto de la falta de pago de los tributos respectivos, entregando, luego, las razones que justifican esa afirmación y por ende la decisión de absolver al encartado, por el ilícito tributario.

CUARTO: Que, como es fácil advertir, el recurso así planteado pretende modificar los hechos fijados en la causa, los que son inamovibles para este tribunal de casación, que sólo podría alterarlos si se comprobare que se tuvieron por acreditados con transgresión de las leyes reguladoras de la prueba, esto es, aquellas pautas básicas que importan una limitación de las facultades privativas de los sentenciadores en su valoración, y cuya inobservancia ocurre cuando se invierte el peso de la prueba, se deniega un medio probatorio que la ley franquea, se acepta uno que la ley repudia o se altera el valor probatorio que el legislador asigna a las diversas probanzas, situación que habría requerido invocar la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y las normas vulneradas en dicho ámbito, cosa que en el libelo no se hizo.
QUINTO: Que la naturaleza de los hechos establecidos en la sentencia impugnada, impide tener por acreditados los elementos constitutivos del la infracción al artículo 97 N° 9 del Código Tributario, tal como decidieron los jueces del fondo.

SEXTO: Que, en atención a lo razonado y considerando la manera que se ha deducido, el recurso de casación en el fondo deducido contra la decisión de absolución de la sentencia en análisis, no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido además lo preceptuado en los artículos 546 inciso final del Código de Procedimiento Penal, y 767 del de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 420, por el Servicio de Impuestos Internos, en contra de la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil ocho, escrita a fojas 409, la cual, por consiguiente, no es nula.

Se previene que el Ministro Sr. Rodríguez no acepta la frase final estampada en el basamento tercero del fallo del a quo, al que se refiere el tercero del actual y que comienza con los vocablos “ello no requiere de autorización del organismo fiscalizador impositivo” hasta el punto (.) aparte, porque no se trata de hechos, sino de una disquisición del sentenciador, que el previniente no comparte porque, como reiteradamente ha dicho esta Corte, el artículo 2° del D.L. 825, de mil novecientos setenta y cuatro, al precisar el concepto de venta, no distingue si los bienes corporales objeto de la convención, tienen una procedencia lícita o ilícita y, a su vez, el artículo 2°, número 1°, del D.L. 824, del mismo año, al definir la noción de renta, prescribe que son los ingresos que constituyen utilidad o beneficio que rinde una cosa o actividad, cualquiera sea la naturaleza, origen o denominación, de donde necesariamente se desprende que la legislación tributaria no diferencia entre entradas producidas por actividades legítimas o ilegales. Y en todo caso, la conducta no se comprende entre los ingresos no constitutivos de renta del artículo 17 del último cuerpo legal citado, de todo lo cual debe concluirse que pesa sobre el encausado la obligación que establece el artículo 3° del mismo Decreto Ley.
Ello es así porque no parece equitativo que el legislador grave las actividades mercantiles lícitas y libere de estas cargas aquellas realizadas al margen de la ley y por eso que el injusto previsto en el numeral 9° del artículo 97 del Código del ramo, castiga “el ejercicio efectivamente clandestino del comercio”, en otras palabras, los actos de esta naturaleza realizados fuera de la legalidad, que es exactamente lo denunciado en la especie, pero que no aparece como hechos de la causa, y por eso no es posible reprimirlos, aunque en realidad no se sanciona propiamente la elusión de los gravámenes, sino el ejercicio furtivo del comercio, acción cuya clandestinidad se refuerza con la procedencia delictual de las mercancías, sin perjuicio de la penalidad que pudiera corresponderle por el injusto que las originó”.

Regístrese y devuélvase”.

CORTE SUPREMA – SEGUNDA SALA – 24.06.2011 – C/ PEDRO ANTONIO CORREA CATALÁN – ROL 8940-09 – MINISTROS SRES. NIBALDO SEGURA P. - JAIME RODRIGUEZ E. - RUBÉN BALLESTEROS C. - HUGO DOLMESTCH U. - ABOGADO INTEGRANTE SR. LUÍS BATES H.