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LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA – ARTÍCULOS 21, 20 N° 4 Y 33 LETRAS E) Y G) – DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE 1998 – ARTÍCULOS 5° Y 16 – CÓDIGO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 27
SUELDO PATRONAL – COLEGIATURAS – DERECHOS DE ESCOLARIDAD – TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE CONCEPCIÓN – RECLAMO – RECHAZADO

El Tribunal Tributario y Aduanero de Concepción rechazó un reclamo deducido por un contribuyente en contra de liquidaciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante las cuales determinaron diferencias de impuesto de primera categoría y se ordenó el reintegro de ciertas sumas debido a que en los años tributarios 2009 y 2010 aquél rebajó costos y/o gastos superiores a los que legalmente correspondían.

Sobre el particular, el órgano jurisdiccional señaló que el contribuyente rebajó como gasto el sueldo empresarial en exceso de 60 Unidades de Fomento, que era el tope establecido por la ley en aquella época. Luego, el referido exceso, debía considerarse gasto rechazado.

Un segundo aspecto en controversia decía relación con la determinación acerca de si los ingresos por concepto de colegiaturas que eran pagados por los apoderados se beneficiaban o no con la exención del artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del Ministerio de Educación, de 1998. Al respecto, el sentenciador manifestó que los derechos de escolaridad utilizados en ciertos fines específicos no estaban afectos a ningún tributo de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Luego, tales derechos eran de carácter voluntario para los apoderados, razón por la cual la colegiatura pagada, ya que no tenía el carácter de voluntario para los apoderados y, consecuencialmente, era una renta afecta, de conformidad a lo señalado en el artículo 20 N° 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Así, al tener rentas afectas y no afectas, el contribuyente debió aplicar el artículo 27 del Código Tributario.

El texto de la sentencia es el siguiente:

Concepción, a diez de septiembre de dos mil doce

VISTOS:

Primero: Que, a fojas 101, con fecha treinta de abril de dos mil doce, don José Patricio Bascur Henríquez, habilitado en derecho, domiciliado en calle San Martín N° 511, depto.32, de la ciudad de Concepción, en nombre y representación procesal de la “XXXXX”, del giro de su denominación, rol único tributario número XX.XXX.XXX-X, representada legalmente por doña Regina Torres Ramírez, profesora, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 284, de la comuna de Cañete, viene en interponer reclamo judicial en contra de las Liquidaciones números 1 a 3, de fecha 13 de enero de 2012, emitidas por la Unidad de Lebu, dependiente de VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, basándose para ello en las consideraciones de hecho y Derecho que se exponen:

I. Actuación reclamada del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos VIII Región:

Señala el reclamante, que con fecha 13 de enero de 2012, se le notificaron por cédula las liquidaciones números 001 a 003 de igual fecha, que dan cuenta supuestamente, según el Servicio de Impuestos Internos, de diferencias de Impuesto a la Renta de Primera Categoría y Reintegro del artículo Nº 97 de la Ley de la Renta, períodos tributarios 2009 y 2010.

II. Fundamentos de la actuación reclamada del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos VIII Región:

La reclamante, pasa entonces a señalar los fundamentos del Servicio de Impuestos Internos para emitir las Liquidaciones reclamadas.
La recurrente en el punto III) de su escrito de reclamo indica que el valor total del monto reclamado asciende a la suma de $ 21.849.554.
Así también, en el punto IV) presenta argumentos de apoyo a la reclamación, sosteniendo:
1. Índica que la citación Nº 1525 de fecha 11 de Octubre de 2011, notificada por cédula, con fecha 17 de Octubre de 2011, da cuenta de diferencias de Impuesto a la Renta de la Sociedad, por supuestas diferencias en la base imponible de los impuestos declarados por la sociedad en los años tributarios 2009 y 2010, por lo cual según dicha citación, la sociedad posee inconsistencias relativas a las disposiciones legales, Art. 1º Decreto Ley 824 de 1974, según detalle en hojas anexas N° 1 a la N°16 y en un anexo páginas 1 y 2, adjuntas a la misma citación.
2. Agrega que, por otra parte, los gastos rechazados a que se refiere la citación, que se pretenden agregar a la renta de la sociedad y que se indican como:
1º Gastos relacionados con Ingresos de Financiamiento compartido por matricula y derechos de escolaridad, los que supuestamente tienen una contrapartida en los gastos rebajados del periodo y como no es factible determinar fehacientemente el costo y desembolsos para esos ingresos, el Servicio aplica un porcentaje proporcional a cada tipo de ingreso, determinando que para el año 2008, sólo debería rebajarse un 80% de los gastos reales y que el resto, es decir el 20% de los gastos reales es gasto rechazado, en el año 2009 este porcentaje lo determina en un 15%.
2º Diferencia de gastos por sueldos respecto de dos socios los que no deben superar las 60 U.F. y cuyo exceso se considerará un gasto rechazado, solo para los efectos tributarios, los cuales deberán agregarse a la Renta Líquida Imponible en virtud de lo dispuesto en inciso tercero del Nº 6 del Art. 31 de la Renta.
Señala entonces que, no obstante lo señalado por la citación indicada, no basta que la simple presunción de gastos rechazados, determine o modifique la renta Líquida Imponible, o la simple presunción de que los gastos sean determinados por un porcentaje del total de los gastos reales de un periodo en un colegio particular subvencionado, y que además tenga financiamiento compartido, para ello deberá efectuarse las deducciones de Renta Líquida Imponible que la propia ley establece, y si procede, citar al contribuyente a que rectifique su declaración de Renta.
Agrega que presumir una disminución porcentual de los gastos rebajados de la renta, pretende suponer que los ingresos por financiamiento compartido, llámese colegiaturas, matriculas o donaciones de terceros, no se invierten en educación, situación que en su caso no es así, ya que indica que todos los fondos recibidos por este concepto se invierten en educación, ya sea como complemento de incentivos y bonos a profesores, equipamientos de música, arte y cultura, perfeccionamiento de docentes, reparación del mobiliario e inmuebles, adquisición de propiedades para futuras instalaciones, etc., inversiones que posicionan a la institución en un óptimo nivel de rendimiento académico. Indica por vía de ejemplo el premio obtenido en el año 2010, al 1º lugar a nivel Regional en prueba SIMCE de Lenguaje y Segundo lugar en Matemática, según consta en Listado del resultado SIMCE año 2010.
Señala entonces que, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 5º del DFL Nº 2 de 1998, respecto a los Ingresos por subvenciones y financiamiento compartido y las instrucciones contenidas en la circular del Servicio de Impuestos Internos Nº 91, de 1980, se concluye lo siguiente:

a) Impuestos de que se liberan:

- Impuesto de Primera Categoría y
- Impuesto Global Complementario.

b) La franquicia tributaria es aplicable solo a los establecimientos de enseñanza particulares subvencionados.

c) Ingresos que se liberan de los del Impuesto de Primera Categoría y del Impuesto Global Complementario.

Respecto de toda subvención a que tengan derecho por la aplicación del D.F.L. Nº 2, de 1998;

- Por los derechos de matrículas y escolaridad que autorice la ley; y
- Por las donaciones de cualquier naturaleza que perciban.

d) Destinos que deben tener los ingresos para que estos se liberen de impuestos.

Para que tales ingresos se liberen de los Impuestos de Primera Categoría y del Impuesto Global Complementario, es requisito fundamental que los citados ingresos se destinen a las siguientes operaciones:

- Pagos de Remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicios,
- Reparaciones y gastos de mantención de los inmuebles e instalaciones destinados a la enseñanza,
- Inversiones en ampliación de las instalaciones docentes.
- Inversiones de cualquier tipo, siempre que ellas guarden relación o estén destinados al servicio de la función docente.

Agrega que, por otra parte la subvención que se destine a la compra de un bien raíz para fines educacionales constituye activo fijo, sujeto a las normas de actualización y depreciación, Art. 41, Nº 2 y 31, Nº 5 de la Ley de la Renta, lo anterior, es sin perjuicio de que tales subvenciones se rebajen de la Renta Líquida Imponible respectiva del Contribuyente, ya que están liberadas de impuesto al ser destinadas a los fines que señala la ley. (Oficio Nº 1480, de 8 de julio de 1997).
Luego indica que, en el caso de compras de bienes a plazo, préstamo bancario hipotecario, la subvención destinada al pago de la obligación, se deduce de la Renta Líquida Imponible a medida que se vaya cumpliendo con el pago. (Oficio Nº 4608 del 29 de noviembre de 2000).
Agrega entonces que, la sociedad efectivamente ha realizado inversiones en activos inmovilizados y muebles, destinados exclusivamente a la educación, los que han sido contabilizados en el activo de acuerdo a las normas contables vigentes, dicho esto, en lo que se refiere a la norma Tributaria procede entonces rebajar en la determinación de la Renta Líquida Imponible de cada periodo, el costo de dichas inversiones o el pago de las cuotas del crédito Hipotecario contratado con un Banco.
Pasa a dar un detalle de sus inversiones en activos del año 2007, donde enumera la construcción de un gimnasio en el mes de diciembre, por $659.920.957, contabilizado en el Activo del Balance General año 2008, con el nombre de cuenta Gimnasio en construcción. Señala que por esta Inversión se contrató un Crédito Hipotecario con el Banco del Desarrollo de Concepción por la suma de $ 558.811.375., el que se encuentra contabilizado en el Pasivo del Balance General año 2008, con el nombre de cuenta Crédito Construcción. Y señala que el resto de la inversión y la implementación del gimnasio se realizó con recursos propios provenientes de la subvención y de los fondos compartidos.
Se refiere entonces a las inversiones en activos y servicio de crédito hipotecario año 2008 y 2009, señalando que el crédito contraído para la construcción de un inmueble denominado en el Balance 2008 “Gimnasio en Construcción” y una vez construido en 2009 “Gimnasio”, puesto al servicio de la educación, este crédito contraído con fecha 16 de julio 2008 y la última cuota vence el 16 de junio de 2016. Señala que por los periodos años comerciales 2008 y 2009, se han cancelado las siguientes cuotas con cargo a los ingresos por Subvención fiscal y contabilizadas en el Balance General con cargo a la cuenta de pasivo exigible, Crédito de Construcción.
Año 2008 Cuotas 01 a la 06 $ 22.359.947.
Año 2009 Cuotas 07 a la 18 $ 78.028.047.
Construcción de dos Salas de Clases $ 34.040.000.
Señala que estas salas fueron contabilizadas en el Activo del Balance, con cargo a la cuenta Construcción Salas, de acuerdo a facturas que se adjuntan.
Factura Nº 260 del 15 de enero de 2008, por $ 15.000.000.
Factura Nº 261 del 08 de Febrero de 2008, por $ 10.500.000.
Factura Nº 262 del 11 de Abril de 2008, por $ 8.540.000.
Indica luego, que respecto al número III punto 2, la administración de un colegio de esta naturaleza, supone que quienes lo representan como directora, representante legal y sub director, deben asumir un costo adicional en viajes y gastos de representación, reuniones a nivel regional, nacional e incluso internacional, por lo que el directorio determinó que les correspondía un valor adicional en la remuneración por el cargo que representan.
DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE AÑO TRIBUTARIO 2009
Indica lo siguiente:
Resultado formulario 22, Folio 61141959 $586.439.341.
Se deduce:
Inversiones en activos muebles e inmuebles para la Educación
$56.399.947
Se Agrega:
Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1, g $16.874.319.
Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1 e $ 603.470.870.
Renta Líquida Imponible AT 2009 $ 22.494.099.
Impuesto Determinado $ 0.
DETERMINACION DE LA RENTA IMPONIBLE AÑO TRIBUTARIO 2010
Resultado formulario 22, Folio 99665970 $712.629.751.
Se deduce:
Inversiones en activos muebles e inmuebles para la Educación $78.028.047.
Se Agrega:
Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1, g $19.170.403.
Gastos Rechazados Art. 33 Nº 1 e $720.007.096.
Renta Líquida Imponible AT 2010 $51.480.299.
Impuesto Determinado $0.
Agrega que, en consecuencia cumpliendo las declaraciones de renta rectificatorias año Tributario 2009 y 2010, con todas y cada una de las exigencias legales y reglamentarias y siendo efectivas las operaciones que ellas consignan, no es procedente tasar una base imponible mayor a la que reflejan las rectificaciones que se presentan.
Peticiones concretas:
Señala la reclamante que en definitiva, solicita la anulación de las liquidaciones números 001 a 003 de fecha 13 de enero de 2012, emitidas por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.
A fojas 118, con fecha 4 de mayo de 2012, se tuvo por interpuesto el reclamo, y se dio traslado para contestar al Servicio de Impuestos Internos.
A fojas 136 y siguientes, con fecha 10 de mayo de 2012, el Servicio de Impuestos Internos repone de la resolución de fojas 118.
A fojas 140 y siguientes, con fecha 14 de mayo de 2012, el Tribunal rechaza la reposición interpuesta por la parte reclamada.
A fojas 148 y siguientes, con fecha 29 de mayo de 2012, el Servicio de Impuestos Internos, a través de su apoderada doña Andrea Muñoz Sims, contesta el reclamo interpuesto, en los siguientes términos:
1.- Antecedentes de las liquidaciones reclamadas
La reclamada parte por exponer los antecedentes que dan cuenta del proceso de fiscalización seguido respecto de la contribuyente reclamante.

1) Notificación N° 2055 de fecha 13 de junio de 2011. Indica que mediante dicha notificación, se le requirió a la reclamante la presentación de documentación y antecedentes contables y tributarios para efectos de fiscalización del Impuesto a la Renta en los años tributarios 2009 y 2010.

2) Recepción parcial de antecedentes, el 01 de julio de 2011. Con esta fecha, señala la reclamada que recibió parte de los antecedentes requeridos, y del análisis practicado a estos en relación con los que obraban en su poder, se determinó que existían diferencias por concepto de Impuesto a la Renta. Debido a lo anterior, se procedió a citar al contribuyente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario.

3) Citación N° 1.525 de fecha 11 de octubre de 2011, notificada por cédula en igual fecha.
Señala que mediante dicho acto administrativo, se informa al contribuyente la existencia de diferencias a nivel del Impuesto a la Renta en los años tributarios 2009 y 2010, originadas en una rebaja de costos y/o gastos superior a la que legalmente corresponde, toda vez que la contribuyente presenta ingresos afectos y no afectos a los Impuestos de esta ley, así como costos y/o gastos de utilización común, debiendo darse aplicación a lo dispuesto en el art. 33 N°1 letra e) de la Ley de Impuestos a la Renta, como también originadas en una rebaja excesiva del gasto por concepto de sueldo empresarial, art. 31 N°6 inciso 3° del mismo cuerpo legal.

4) Respuesta a la Citación el 01 de diciembre de 2011. Indica que, previo otorgamiento de prórroga del plazo para contestar la citación, el contribuyente presentó respuesta a la Citación. En ésta manifiesta su disconformidad con las objeciones formuladas, sosteniendo, por un lado, que conforme a la normativa vigente se encuentra liberado del pago de Impuesto a la Renta, además que ha efectuado inversiones destinadas exclusivamente a la función docente. Por otro lado, sostiene que se encontraría justificado el exceso de remuneración pagado por sobre las 60 UF mencionadas en Citación.

5) Liquidaciones números 01 al 03 de fecha 13.01.2012. Agrega que producto de la auditoría practicada a la contribuyente y dado que en su respuesta a Citación no desvirtúa las objeciones formuladas por el Servicio, se emitieron las Liquidaciones 01 a 03 por concepto de Impuesto a la Renta de Primera Categoría (año tributario 2009) y Reintegro del art. 97 de la Ley de Impuesto a la Renta (años tributarios 2009 y 2010). Cabe precisar que el monto neto de los impuestos adeudados ascendió a la suma de $10.322.242. (sin considerar reajuste, intereses ni multas).

2.- ARGUMENTOS DEL RECLAMO.
Señala que, en su reclamo, la contribuyente XXXXX, solicita que las Liquidaciones números 01 al 03 de 13 de enero de 2012 sean anuladas. Específicamente, en el apartado IV en que desarrolla los argumentos de defensa, sostiene que al efectuar el Servicio una disminución porcentual de los gastos, estaría suponiendo que los ingresos por financiamiento compartido no se invierten en educación, lo que no ocurre en su caso, como lo demostrarían los buenos resultados académicos obtenidos. Alude al art. 5° del DFL N°2 de 1998 y señala que se encuentra liberado del Impuesto de Primera Categoría y Global Complementario en la medida que los ingresos se destinen a fines educacionales. Agrega que se han efectuado inversiones en activos inmovilizados y muebles destinados exclusivamente a fines educacionales por tanto procedería la rebaja en la determinación de la renta líquida de cada período, del costo de tales inversiones o del pago de las cuotas del crédito hipotecario contratado con el banco. Menciona las inversiones efectuadas en el año comercial 2007, 2008 y 2009 y alude a la determinación de la renta líquida imponible en los AT 2009 y 2010.
Agrega que, por otra parte, en cuanto al exceso de sueldo empresarial rebajado como gasto, sostiene que esto se explica por el cargo y tipo de labor realizada por tales trabajadores, lo que ameritó que el Directorio fijara un valor adicional a sus remuneraciones.
3.- ARGUMENTOS DE LA PARTE RECLAMADA PARA DESVIRTUAR EL RECLAMO
La parte reclamada solicita entonces, que se tenga por rechazado el reclamo interpuesto en contra de las Liquidaciones Nos 01 a 03 de 13 de enero de 2012, toda vez que los argumentos contenidos en éste no desvirtúan en parte alguna la determinación impositiva efectuada. Señala que en efecto, las liquidaciones de impuestos evacuadas por el Servicio de Impuestos Internos, para ambos años tributarios, se basan en los siguientes fundamentos:
a. Rebaja Excesiva de Gastos por concepto de Sueldo Empresarial.
Manifiesta que la contribuyente ha rebajado como gasto sumas que superan el límite legal establecido en el art. 31 N°6 inciso 3° de la Ley de Impuesto a la Renta, esto es, por concepto de sueldo empresarial asignado a sus socios Alaín Araneda Pereira y Regina Torres Ramírez. Sostiene en su reclamo que el exceso de remuneración asignada a los socios se explica por el tipo de labores desarrolladas por éstos así como por el cargo que detentan, lo que justificaría un mayor pago. Al respecto, y tal como se expresó en las liquidaciones ahora reclamadas, se indica que este Servicio no cuestiona la cuantía de la remuneración asignada por la sociedad a sus socios trabajadores ni las razones por las cuales se determinaron dichos montos, sino que únicamente persigue dar cabal aplicación, en materia de gastos, a la normativa tributaria vigente, específicamente inciso 3° del art. 31 N°6 de la Ley de la Renta, norma que prescribe hasta qué cantidad será aceptada como gasto tributario la remuneración del socio de sociedades de personas (en el caso que nos ocupa). En este punto, la norma es clara al señalar que se aceptará como gasto la remuneración sólo hasta por el monto que hubiere estado afecta a cotizaciones provisionales obligatorias, monto que para el año tributario 2009 asciende a una suma total (para ambos socios) de $29.518.706 y no a la suma de $45.722.108, rebajada por la contribuyente en la determinación de su renta líquida imponible. Y que para el año tributario 2010 asciende a la suma total de $30.220.916 y no de $49.376.584, monto rebajado por la contribuyente en la determinación de la renta líquida de dicho período. De este modo, el exceso de remuneración debe ser agregado a la renta líquida imponible, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 33 N°1 letra g) de la Ley de Impuesto a la Renta, todo lo cual ha sido además instruido por este Servicio en Circular 42 de 1990, específicamente en apartado II N°2 letra c) de dicha instrucción, en cuya parte pertinente señala “En resumen, las únicas remuneraciones que se aceptarán como gasto tributario en virtud del nuevo inciso 3° del N°6 del artículo 31 de la Ley de la Renta, son aquellas que cumplen con los requisitos y condiciones señaladas en los números 1 a 4 precedentes. Por consiguiente, se excluyen de dicha deducción las siguientes remuneraciones: a) Las asignadas o pagadas como sueldo empresarial, por aquella parte que exceda las 60 UF antes indicado, monto máximo hasta el cual se efectúan las cotizaciones previsionales obligatorias, … el exceso de remuneración se considerará como gasto rechazado conforme a las normas del art. 33 N°1 de la ley, y en el evento de que haya sido cargada a resultado, deberá agregarse debidamente actualizada a la renta líquida imponible de primera categoría para el cálculo del impuesto de dicha categoría.”
Indica que por lo anterior, y considerando que lo sostenido por la contribuyente en su reclamo, en este punto, en nada altera las diferencias de impuestos determinadas por el Servicio por concepto de exceso de sueldo empresarial rebajado como gasto, art. 31 N° 6 inciso 3° de la Ley de Impuesto a la Renta, solicita se rechace el reclamo en esta parte, y se confirmen las diferencias de impuestos determinadas.

b. Rebaja excesiva de costos, gastos o desembolsos, por ser éstos imputables a rentas no afectas a la Ley de Impuestos a la Renta.
Agrega que en los años tributarios 2009 y 2010 la contribuyente rebajó, en la determinación de su renta líquida imponible, mayores costos y/o gastos que aquellos que legalmente corresponden, por tanto debe efectuar el agregado a su renta líquida imponible que establece el art. 33 N°1 letra e) de la Ley de Impuesto a la Renta.
Señala que en efecto, la contribuyente tiene la calidad de establecimiento educacional de financiamiento compartido, y como tal, un alto porcentaje de los ingresos que recibe, lo son en calidad de subvención estatal, concepto que de acuerdo a lo estipulado en art. 5° del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, no está afecto a ningún tributo de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que tales ingresos sean destinados al ejercicio de la actividad educacional. Por otra parte, el contribuyente también recibe ingresos por concepto de colegiaturas, que son pagadas por los apoderados y que sí se encuentran afectos a los impuestos de la Ley de la Renta.
Agrega que a su vez, la contribuyente registra en su contabilidad costos, gastos y desembolsos de utilización común, esto es, destinados tanto a producir rentas gravadas en la Primera Categoría como rentas no afectas; sin embargo, en la determinación de su renta líquida imponible afecta al Impuesto de Primera Categoría, rebajó la totalidad de tales costos, gastos y/o desembolsos.
Indica que en atención a lo anterior, y considerando que el art. 33 N°1 letra e) de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que los contribuyentes deben agregar a su renta líquida imponible los costos y/o gastos imputables a ingresos no reputados renta o rentas exentas, toda vez que tales desembolsos deben rebajarse de los beneficios que dichos ingresos originan, es que este Servicio procedió a citar a la contribuyente, con el fin de que ésta rectificara, aclarara, ampliara o confirmara su declaración anterior. Por su parte, el art. 27 del Código Tributario, señala que en los casos en que sea necesario separar diversos tipos de ingresos o gastos y el contribuyente no esté obligado a llevar una contabilidad separada, el Servicio pedirá a éste los antecedentes que correspondan, haciendo uso del procedimiento establecido en el art. 63, agregando que a falta de tales antecedentes o si ellos fueren incompletos, el Servicio hará directamente la separación o prorrateo.
Señala entonces que, como respuesta a dicha citación, la contribuyente no aportó antecedentes que desvirtuaran las diferencias determinadas por el Servicio, lo que motivó que fueran evacuadas las liquidaciones de impuestos que ahora se reclaman, las cuales han sido emitidas en cumplimiento a las disposiciones legales citadas, y en las que se ha realizado una separación de los costos y gastos de la contribuyente, tomando como base para ello el monto y tipo de ingresos contabilizados, lo anterior de acuerdo al procedimiento que al efecto establece la Circular 68 del 2010 del Servicio, y según ha sido instruido en reiterada jurisprudencia administrativa previa del organismo fiscalizador. Cita entonces al efecto, la Circular 68 de 2010, apartado IV, N°3, el cual transcribe.
Indica que de lo anterior se concluye que el Servicio de Impuestos Internos ha obrado de acuerdo a criterios razonables y previamente establecidos al determinar la proporción de costos y/o gastos que resulta procedente sean rebajados por la contribuyente en la determinación de su renta líquida imponible, en cumplimiento de la ley e instrucciones vigentes, los que para el AT 2009 alcanzan al 20% del total de costos y/o gastos, atendido que los ingresos obtenidos por concepto de subvención (no afectos) ascienden al 80% del total de los ingresos del período, y a un 15% en el AT 2010, dado que los ingresos por subvención ascienden en dicho año tributario a un 85%, todo ello conforme aparece de la contabilidad de la contribuyente.
Alega la reclamante, que por su parte la contribuyente sostiene en su reclamo que al efectuar una disminución porcentual de sus gastos, el Servicio de Impuestos Internos estaría suponiendo que los ingresos por financiamiento compartido no se invierten en educación. Señala que dicha afirmación es errada, y por el contrario, la determinación de impuestos efectuada por este Servicio parte de la base de que los ingresos obtenidos por la contribuyente han sido destinados a los fines educacionales que ésta declara, puesto que tal es el requisito establecido por la ley para que dichos ingresos no sean tributables.
Señala entonces que, finalmente, como parte de su defensa, la contribuyente sostiene que las inversiones realizadas han tenido en forma exclusiva un destino educacional. Al efecto menciona inversiones efectuadas en activos fijos así como gastos consistentes en el pago de créditos destinados a financiar la ejecución o construcción de activos. No obstante, los montos que la contribuyente menciona, forman parte de su contabilidad y, como tales, han sido considerados por este Servicio para emitir las liquidaciones de impuestos que nos ocupan, por tanto, tales antecedentes en nada alteran la determinación impositiva efectuada por este Servicio, mediante liquidaciones 01 a 03 de 13 de enero de 2012.
Conforme a los antecedentes expuestos, el Servicio de Impuestos Internos alega que las actuaciones reclamadas se encuentran ajustadas a derecho en la forma y monto determinados.
A fojas 156, con fecha 11 de junio de 2012, se recibió la causa a prueba, fijando como hecho sustancial, pertinente, y controvertido, el siguiente: Efectividad de que concurren los supuestos fácticos que permitan al recurrente rebajar de sus ingresos brutos los gastos en los que ha incurrido, y que fueron impugnados en las Liquidaciones de impuestos que rolan de fojas 20 a la 42.
A fojas 273, se trajeron los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el reclamo se interpuso dentro del plazo señalado por la ley.

SEGUNDO: Que, a fojas 98, comparece don José Patricio Bascur Henríquez, habilitado de Derecho, en representación de la “XXXXX”, Rol Único Tributario número XX.XXX.XXX-X, representada legalmente por doña Regina Torres Ramírez, profesora, interponiendo reclamo en contra de las Liquidaciones números 1 a 3, de fecha 13 de enero de 2012, emitidas por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, conforme a los argumentos de hecho y derecho ya referidos en la parte expositiva de esta sentencia, y que por dicha razón se tendrán en esta parte por reproducidos.
Para apoyar sus argumentos, la reclamante aportó, junto a su escrito de reclamo, los siguientes antecedentes:
1. A fojas 1 y siguientes, copia de la citación Nº 1525, cursada por Fiscalizador don Patricio Muñoz Vallejos.
2. A fojas 20 y siguientes Liquidación Nº 01 al 03, Unidad Emisora Lebu, de fecha 13 de enero de 2012.
3. A fojas 43 y siguientes copia de estatutos XXXXX.
4. A fojas 59 y siguientes, facturas 315, 302, 054, 312,15235, 15315, 003, 002, 001 Y 053, por construcción gimnasio año 2007.
5. A fojas 81 y siguientes, facturas 260, 261, y 262, por construcción salas año 2008.
6. A fojas 90, listado con resultados del SIMCE año 2010, del Ministerio de Educación, en el que se sitúa al XXXXX en el lugar 14 del País.
7. A fojas 91 y siguientes, documento titulado “Cronograma de Plan de Pagos” señalado en el escrito de reclamo como “servicio deuda Hipotecaria año 2008 Banco Desarrollo, por crédito construcción gimnasio” y “servicio deuda hipotecaria año 2009 Banco Desarrollo, por crédito construcción gimnasio”.
9. En custodia del Sr. Secretario de este Tribunal, y registrado a fojas 95, Libro de contabilidad año 2008, Renta y Fut 2009
10. En custodia del Sr. Secretario de este Tribunal, y registrado a fojas 96, Libro de contabilidad año 2009, Renta y Fut 2010.
11. En custodia del Sr. Secretario de este Tribunal, y registrado a fojas 97, libro de remuneraciones de enero 2007 a junio de 2009.
12. En custodia del Sr. Secretario de este Tribunal, y registrado a fojas 98, libro de remuneraciones año 2009 – 2010.

TERCERO: Que, a fojas 148 y siguientes, el Servicio de Impuestos Internos contestó el traslado conferido, solicitando que la reclamación sea rechazada en todas sus partes, y se confirme íntegramente la actuación reclamada, con costas, conforme a los fundamentos de hecho y derecho previamente referidos en la parte expositiva de esta sentencia, y que por dicha razón se tendrán en esta parte por reproducidos.

CUARTO: Que, durante el término probatorio, la parte reclamante rindió prueba DOCUMENTAL, como sigue:

- A fojas 169 y siguientes, copia de circular N°91 de 17 de noviembre de 1980.
- A fojas 172 y siguientes, copia de oficio N°1480 de 8 de julio de 1997.
- A fojas 178 y siguientes, copia de oficio N°4608 de 29 de noviembre de 2000.
- A fojas 229 y siguientes, copia declaración jurada de retención de honorarios formulario 1879, año tributario 2008, folio declaración #7895201.
- A fojas 233 y siguientes, copia declaración jurada de retención de honorarios formulario 1879, año tributario 2009, folio declaración #5118944.
- A fojas 237 y siguientes, copia declaración jurada de retención de honorarios formulario 1879, año tributario 2010, folio declaración #6158289.
- A fojas 243 y siguientes, copia declaración jurada de retención de honorarios formulario 1879, año tributario 2011, folio declaración #7895201.
- A fojas 247 y siguientes, copia declaración jurada de retención de honorarios formulario 1879, año tributario 2012, folio declaración #7641976.
- A fojas 256 y siguientes, copia de contrato de trabajo para docentes, de fecha 31 de diciembre de 1991, suscrito entre el XXXXX de Cañete, y doña Regina Torres Ramírez, y actualizaciones desde 17 de mayo de 1992 a 1 de enero de 2012.
- A fojas 262, copia de resolución exenta de la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Bío Bío, que autoriza el cambio de representante legal del XXXXX.

QUINTO: Que, durante el término probatorio, la parte reclamada, a su turno, rindió prueba DOCUMENTAL como sigue:

- A fojas 191 y siguiente, copia autorizada de notificación N°2055-1 de fecha 13 de junio de 2011, de inicio de auditoría efectuada a la reclamante de autos, y de su anexo.
- A fojas 193, copia autorizada de minuta informativa que da cuenta a la reclamante del procedimiento de fiscalización.
- A fojas 194 y siguientes, circular 68, de 3 de noviembre de 2010, del Servicio de Impuestos Internos, con sus anexos.
- A fojas 206 y siguiente, Ordinario N° 6346 de 12 de diciembre de 2003, del Servicio de Impuestos Internos.
- A fojas 208 y siguientes, fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 18 de junio de 2009.
- A fojas 211 y siguientes, fallo de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 26 de julio de 2011, recaído en causa ROL 4866-2009.
- A fojas 216 y siguiente, jurisprudencia administrativa, consistente en el Ordinario N°4197 de 11 de octubre de 2006.
- A fojas 218 y siguientes, parte pertinente de circular 42 de 28 de agosto de 1990.

SEXTO: Que, durante el término probatorio, la parte reclamante, rindió prueba TESTIMONIAL, la que rola de fojas 183 a 190, consistente en las declaraciones de los siguientes testigos:

- Eduardo Omar Cárcamo Carrasco, Rut. 7.080.106-k, contador.
- Miguel Antonio Navarrete Hernández, 16.282.557-7, contador auditor.
- Norma Alicia Pereira Catalán, 6.047.761-2, contadora.

SÉPTIMO: Que, durante el término probatorio, la parte reclamada, a su turno, rindió prueba TESTIMONIAL, la que rola de fojas 166 a 168, consistente en las declaraciones de don Patricio Iván Muñoz Vallejos, Rut. 10.109.191-0, funcionario Fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos.

OCTAVO: Que, son hechos no controvertidos de la causa, los siguientes:

- Que, a propósito de un procedimiento de fiscalización efectuado dentro de sus facultades por la Unidad Lebu del Servicio de Impuestos Internos, al contribuyente “XXXXX” le fueron notificadas personalmente, con fecha 17 de enero de 2012, las liquidaciones número uno a la tres, todas de fecha 13 de enero de 2012, lo que aprecia del certificado de fojas 116 de autos.
- Que, estas liquidaciones tuvieron como fundamento, la supuesta existencia de diferencias a nivel del Impuesto a la Renta en los años tributarios 2009 y 2010, las que serían originadas en una rebaja de costos y/o gastos superior a la que legalmente corresponde, toda vez que la contribuyente presentaría ingresos afectos y no afectos a los Impuestos de esta ley, así como costos y/o gastos de utilización común, debiendo entonces, en opinión del Servicio de Impuestos Internos, darse aplicación a lo dispuesto en el art. 33 N°1 letra e) de la Ley de Impuestos a la Renta, como también originadas en una rebaja excesiva del gasto por concepto de sueldo empresarial, art. 31 N°6 inciso 3° del mismo cuerpo legal.
- Que, no se discute tampoco que las remuneraciones que perciben los socios de la empresa que efectivamente prestan servicios en el establecimiento educacional, don Alaín Araneda Pereira y doña Regina Torres Ramírez, sean mayores al tope imponible de entonces 60 Unidades de Fomento, sin perjuicio de la controversia existente sobre si es o no posible descontar como gasto esa diferencia.
- Que, la reclamante tiene la calidad de establecimiento educacional de financiamiento compartido, y como tal, un porcentaje de los ingresos que recibe, lo son en calidad de subvención estatal, concepto que de acuerdo a lo estipulado en art. 5° del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, no está afecto a ningún tributo de la Ley de Impuesto a la Renta, en la medida que tales ingresos sean destinados al ejercicio de la actividad educacional.
- Que, por otra parte, el contribuyente también recibe ingresos por concepto de colegiaturas, que son pagadas por los apoderados.

NOVENO: Que, en la especie se decretó como hecho controvertido el siguiente: efectividad de que concurren los supuestos fácticos que permitan al recurrente rebajar de los ingresos brutos de su actividad de Establecimientos de Enseñanzas, los gastos en que ha incurrido y que fueron impugnados en las liquidaciones de impuestos que rolan de fojas 20 a la 42, correspondiente al año tributario 2009. Recibiéndose la causa a prueba en atención a esta controversia, a fojas 156.

DÉCIMO: Que, del análisis de toda la prueba presentada por las partes, especialmente de aquella documental y como también testimonial presentada por la parte recurrente, valorada al tenor de la sana critica, es decir, teniendo en consideración los conocimientos científicos, las máximas de experiencias y las reglas de la lógica, no se aprecia conato de probar tales presupuestos fácticos; dejando entonces la decisión de la materia controvertida, dependiente del resultado del análisis y estimación por este Tribunal del derecho aplicable al caso de marras.
UNDÉCIMO: Que, sobre este escenario, es necesario comenzar por el análisis de las pruebas rendidas por el reclamante:
En primer lugar, la declaración del testigo don Eduardo Omar Cárcamo Carrasco, Rut. 7.080.106-k, contador, quien parte entregando una relación del periodo de la auditoria de la que fue objeto la reclamante, y entrega su opinión sobre la correcta aplicación del derecho al caso, y lo mismo para los oficios y circulares que menciona.
En segundo lugar, la declaración del testigo don Miguel Antonio Navarrete Hernández, contador auditor, Cédula de Identidad N° 16.282.557-7, a contar de fojas 186 vuelta, donde luego de relatar el proceso de fiscalización y asesoría a la reclamante, termina dando opiniones personales, sin tampoco dirigirse a la controversia.
En tercer lugar, la declaración de la testigo doña Norma Alicia Pereira Catalan, Cédula de Identidad N° 6.047.761-2, a partir de fojas 188 vuelta, tal como los anteriores, en nada se relaciona con la controversia de autos.
Es el del caso señalar además, que difícilmente podría probarse con testigos que determinada renta se encuentra o no afecta a una franquicia tributaria, lo que necesariamente corresponde a un punto de derecho, y que a su vez, no ha sido el punto discutido en este juicio. Reafirma este razonamiento, que el Servicio, al incluir en las liquidaciones de autos agregados a las bases imponibles declaradas en los años tributarios 2009 y 2010, lo hace como producto de la no aceptación de gastos que la ley expresamente denominó “gastos rechazados”; en la forma establecida precisamente en la ley.
En cuarto lugar, corresponde sopesar la prueba documental que la parte reclamante aportó, sin que haya sido objetada por su contraparte en forma alguna. Esta ha sido ya enumerada en la parte expositiva de esta sentencia; y es del caso señalar, que tampoco tiene relación en forma alguna con el punto de prueba fijado por este Tribunal, no apareciendo tampoco que existiera algún motivo por el cual el contribuyente gozaría de alguna franquicia especial de primera categoría, o pudiera descontar como gasto una cantidad mayor al tope legal por concepto de sueldo empresarial.

DUODÉCIMO: Que, al analizar la prueba acompañada por la parte reclamada, primeramente, la declaración del testigo don Patricio Iván Muñoz Vallejos, funcionario fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Cédula de Identidad N° 10.109.191-0, este pasa a hacer una relación del proceso de fiscalización, durante todas sus etapas. Es del caso señalar, que en todo caso, la carga de probar los tantas veces mencionados supuestos de hecho correspondía al reclamante, y no a la parte reclamada, a quien no es posible pedirle probar un hecho negativo; así las cosas, reitera lo ya consignado en las liquidaciones de autos referente al proceso de fiscalización, y por lo demás, no corresponde carga alguna a la reclamada en este punto.

DECIMOTERCERO: Que, en estas liquidaciones rolantes a fojas 20 y siguientes, se agregaron gastos rechazados según lo dispuesto en el Artículo 33 N° 1 letra g) por $ 16.874.319 correspondiente al año tributario 2009 y $ 19.170.403.-, correspondiente al año tributario 2010.
Ambas cantidades corresponden a gastos que no se aceptan como tales, y consisten en excesos de remuneraciones de los socios:
Al respecto, el inciso tercero del artículo 31 N° 6 de la Ley de la Renta, dispone en su parte pertinente:
No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42, número 1.
Es decir, que el sueldo empresarial rebajado como gasto no se ajustó a la normativa sobrepasando en exceso de las 60 Unidades de Fomento que la ley otorgaba como tope, (hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias). Este exceso debe gravarse como “gasto rechazado” en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la renta en concordancia con lo señalado en el artículo 33 del mismo texto legal:
“Para la determinación de la renta líquida imponible, se aplicarán las siguientes normas:
g) Las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31º o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional, en su caso.”.

DECIMOCUARTO: Que, en segundo término necesariamente dependerá de determinar si los ingresos por concepto de colegiaturas, que son pagadas por los apoderados, se benefician de la exención del artículo 5 del DFL N°2 del Ministerio de Educación, pues de ello depende que los costos, gastos, y desembolsos del reclamante puedan o no rebajarse de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría. Y para esto, es menester analizar la citada norma, la que dispone “Artículo 5º: La subvención, derechos de matrícula, derechos de escolaridad y donaciones a que se refiere el artículo 18, en la parte que se utilicen o inviertan en el pago de remuneraciones del personal; en la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados; o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente, no estarán afectos a ningún tributo de la Ley sobre Impuesto a la Renta”. Ahora bien, analizando la norma, cabria precisar entonces a qué se refiere con “derechos de escolaridad” pues es en este concepto donde podría surgir la duda. Sin embargo, el citado DFL 2, en su artículo 16, dispone en lo pertinente: “Artículo 16: …los establecimientos de educación media regidos por las disposiciones del presente Título, podrán percibir derechos de matrícula y derechos de escolaridad. El pago de los derechos de escolaridad será voluntario para el apoderado, quien podrá aceptarlo en su integridad, fijar la parte de él que pagará mensualmente, o rechazarlo.” De la norma citada se desprende claramente, que estos derechos de escolaridad, para ser considerados tales, han de ser de carácter voluntario para los apoderados, y en ninguna parte de esta causa aparece indicio de que ese sea el caso del reclamante. Y cabe además señalar, que no se trata en ningún caso de matriculas ni donaciones. Y por lo demás, las citadas normas se encuentran bajo el Título “De la Subvención a la Educación Gratuita” de lo que se concluye, que los derechos de escolaridad son los que percibe un establecimiento de educación gratuita, lo que además se condice plenamente con el hecho de que sean voluntarios. Así las cosas, los citados ingresos por colegiatura, pertenecen a los descritos en el artículo 20 N°4 de la Ley de Impuesto a la Renta.
A mayor abundamiento, el Servicio de Impuestos Internos ha instruido que los cobros efectuados por una entidad educadora a los apoderados, los que de acuerdo a los antecedentes antes señalados y elaborados por el establecimiento, se originan en cuotas de incorporación, matrículas y mensualidades, que constituyen un ingreso percibido por la prestación de un servicio consistente éste en impartir educación a los alumnos del establecimiento educacional que posea o administra, razón por la cual constituyen una renta ordinaria para ella, que deben tributar en conformidad a las normas legales del art. 20 N° 4 de la Ley de la Renta. (oficio 1297 del 20.04.2000).

DECIMOQUINTO: Que, acorde al proceso de fiscalización, el Servicio al encontrarse ante Ingresos que presentaban dos naturalezas diferentes, es decir, ingresos afectos (las colegiaturas, art. 20 N° 4 del D.L. 824 de 1974) e ingresos no afectos (artículo 5 del D.F.L. 2 de 1998), debió proceder a aplicar lo dispuesto en el artículo 27 del Código Tributario con la finalidad de prorratear los gastos efectivamente incurridos en la obtención de dichos Ingresos.
Por el año tributario 2009, se determinó ingresos:

- Ingresos Afectos $ 184.773.566 20% (1era. Categoría).

- Ingresos no Afectos $ 758.070.666 80% (D.F.L. N° 2 M. Educ.)

- Total de Ingresos $ 942.844.323

Por lo tanto, de los gastos registrados en el balance ascendente a $ 771.212.907, menos $ 16.874.319, se determina la diferencia de $ 754.338.588, que debe prorratearse en virtud de lo establecido en el artículo 27 ya citado.
Determinación por tanto, que solamente afecta a los saldos finales en este caso al resultado declarado en formulario 22 folio 61141959.
Gastos Aceptados deducibles de ingresos afectos.
$754.338.588 x 20% = $ 150.867.718.
Gastos Aceptados deducibles de ingresos no afectos.
$754.338.588 x 80% = $ 603.470.870.
Por el Año Tributario 2010, ingresos obtenidos:

- Ingresos Afectos $ 153.607.824 15% (1era. Categoría).

- Ingresos no Afectos $ 869.283.657 85% (D.F.L. N° 2 M. Educ.)

- Total de Ingresos $ 1.022.891.481

Por lo tanto, de los gastos registrados en el balance ascendente a $ 866.237.575, menos $ 19.170.403, y por tanto se determina la diferencia de $ 847.067.172.
Determinaron por tanto que solamente afecta a los saldos finales en este caso al resultado declarado en formulario 22 folio 99665970.
Gastos Aceptados deducibles de ingresos afectos.
$847.067.172 x 15% = $ 127.060.076.
Gastos Aceptados deducibles de ingresos no afectos.
$847.067.172 x 85% = $ 720.007.096.
Que, en este escenario a lo declarado por el recurrente en sus Declaraciones de Renta Año Tributario 2009 y 2010, se agregaron los conceptos a saber:

- Año Tributario 2009.

- Resultado en formulario 22 folio 61141959 $ - 586.439.341

Se agrega:
Gastos Rechazados Art. 33 N°1 letra g) $ 16.874.319
Gastos Rechazados Art. 33 N° 1 letra e) $ 603.470.870
Renta Líquida Imponible A. T. 2009 $ 33.905.848

- Año Tributario 2010.

- Resultado en formulario 22 folio 99665970 $ - 712.629.751

Se agrega:
Gastos Rechazados Art. 33 N°1 letra g) $ 19.170.403
Gastos Rechazados Art. 33 N° 1 letra e) $ 720.007.096
Renta Líquida Imponible A. T. 2010 $ 26.547.748
En vista de lo anterior, no existió la Tasación que menciona el recurrente, al no practicarse una determinación de las bases imponibles del Impuesto de Primera Categoría como se establece en el artículo 35 del D.L. 824 de 1974, sino que se efectuaron agregados a los Resultados en formulario 22 –como Gastos Rechazados- establecido en el artículo 33 N° 1 letras e) y g) del mismo texto legal precitado. Por tanto, no se puede acceder a lo requerido por el reclamante.
El sustento legal para efectuar este agregado se encuentra indicado en lo establecido, en:
Artículo 33.- Para la determinación de la renta líquida imponible, se aplicarán las siguientes normas:
1º.- Se agregarán a la renta líquida las partidas que se indican a continuación y siempre que hayan disminuido la renta líquida declarada:
e) Los costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados renta o rentas exentas los que deberán rebajarse de los beneficios que dichos ingresos o rentas originan.

DECIMOSEXTO: Que, por estas circunstancias fácticas, los gastos relacionados con Ingresos de Financiamiento compartido por matrícula y derechos de escolaridad, los que supuestamente tienen una contrapartida en los gastos rebajados del periodo y como no es factible determinar fehacientemente el costo y desembolsos para esos ingresos, el organismo fiscalizador aplica un porcentaje proporcional a cada tipo de ingreso, determinando que para el año 2008, solo debería rebajarse un 80% de los gastos reales y que el resto, es decir el 20% de los gastos reales es gasto rechazado, en el año 2009 este porcentaje lo determina en un 15%. Lo cual no fue desvirtuado por el actor en ninguna etapa del proceso subjudice.

DECIMOSEPTIMO: Que, siendo las franquicias tributarias de carácter excepcional, de la misma manera deben ser interpretadas; así lo ha venido sostenido nuestro máximo Tribunal en la causa rol N°4866-2009, sentencia de veintiséis de julio de 2011, la que además señala en su considerando sexto, que los ingresos derivados de los cobros mensuales efectuados por el contribuyente por la prestación de servicios de educación, están afectos al impuesto de primera categoría.

DECIMOOCTAVO: Que, en resumen y reiterando este orden de ideas, se aprecia que de las pruebas vertidas en autos, el contribuyente no cumplió lo dispuesto en número 1 del artículo 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, en cuanto se debe agregar a la renta líquida, en su letra g), “las cantidades cuya deducción no autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por la ley, o la Dirección Regional, en su caso”. Teniendo presente que los sueldos empresariales más allá del tope de 60 UF descontable como gasto necesario, los argumentos que ha dado el contribuyente sólo intentan justificar la forma en que se determina dicho sueldo a sus socios don Alaín Araneda Pereira y doña Regina Torres Ramírez, pero no explican cual sería la razón por la cual podría descontar un monto más alto que el límite legal, ni se encuentra razón alguna que emane de las pruebas y alegatos del reclamante. No se aprecia en autos, algún supuesto de hecho que permitiría al contribuyente eximirse del límite legal establecido en el artículo 31 N°6 inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, correspondiente a los años tributarios 2009 y 2010, permiten determinar los impuestos anuales que en esos períodos se debieron pagar en la especie.

DECIMONOVENO: Que, el valor por concepto de "Reintegro del artículo 97 decreto ley N° 824 de 1974”, correspondiente a los períodos tributarios de mayo 2009 y mayo 2010 debe ser devuelto por el contribuyente, por cuanto las diferencias determinadas por el Servicio de impuestos Internos han aumentado el valor de los impuestos determinados en los años tributarios 2009 y 2010.
En efecto, por el año tributario 2009, el contribuyente debió pagar un Impuesto de Primera Categoría ascendente a $ 360.393, el que no declaró; por esta razón indebidamente recibió una devolución por el monto de $ 5.403.601 mediante cheque fiscal N° 3654451 de fecha 30.05.2009, atento lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de la Renta. No obstante, la revisión efectuada por el Servicio determinó una nueva base imponible del Impuesto indicado superior a la declarada originalmente por la contribuyente, lo que por lógica originó mayores impuestos, que los mismos créditos no lograron cubrir, correspondiendo ahora pagar impuesto y a su vez, reintegrar al Fisco los créditos devueltos indebidamente. Idéntica situación se manifiesta en el año tributario 2010 donde debió recibir una devolución de $ 1.545.129 e indebidamente recibió una devolución por el monto de $ 6.103.377 razón por la cual, le corresponde devolver la suma de $ 4.558.248 según lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de la Renta.

VIGESIMO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 115, 125, 130, 131, 131 bis, 132, 148 y 165 del Código Tributario; artículos 20, 21, 31, 33, y 42, del D.L. Nº 824/74; Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1998, del Ministerio de Educación; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes;

SE RESUELVE:

I.- Que, SE RECHAZA la reclamación interpuesta a fojas 101 y siguientes por don José Patricio Bascur Henríquez en nombre y representación procesal de la “XXXXX”, rol único tributario número XX.XXX.XXX-X.

II. Que, SE CONFIRMAN las Liquidaciones números 1 a 3, de fecha 13 de enero de 2012, emitidas por la Unidad de Lebu, dependiente de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos.

III.- Que, por haber tenido motivo plausible para litigar, no se condenará en costas a la parte vencida.

Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Notifíquese la presente resolución a la parte reclamada mediante su publicación íntegra en el sitio en Internet, www.tta.cl, y dese aviso a la dirección de correo electrónico a la parte que lo haya solicitado. Notifíquese a la parte reclamante por medio de carta certificada al domicilio registrado en autos, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 131 bis del Código Tributario.

Déjese testimonio en el expediente”.

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE CONCEPCIÓN – 10.09.2012 – JUEZ TITULAR SR. ANSELMO IVÁN CIFUENTES ORMEÑO