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LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA – ARTÍCULO 70 – LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS – ARTÍCULO 76
JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES – MEDIOS DE PRUEBA – TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE CONCEPCIÓN – RECLAMO – HA LUGAR EN PARTE

El Tribunal Tributario y Aduanero de Concepción dio lugar en parte a un reclamo entablado por un contribuyente en contra de liquidaciones que determinaron diferencias de impuesto de primera categoría e impuesto a las ventas y servicios. Los actos impugnados se fundaron en el hecho de haberse detectado por el Servicio de Impuestos Internos que en el año tributario 2010 un contribuyente había efectuado inversiones consistentes en la compra de cuotas de fondos mutuos, que no guardaban relación con sus ingresos declarados.

El reclamo se basó principalmente en el hecho de que a juicio del contribuyente, al determinarse en las liquidaciones impugnadas el monto invertido en la adquisición de cuotas de fondos mutuos, no se había tomado en consideración que una misma suma de dinero había sido reinvertida en varías oportunidades, produciéndose un error en cuanto al monto invertido.

El tribunal al pronunciarse respecto a los fundamentos del reclamo determinó, en primer término, que el reclamante era un contribuyente no obligado a llevar contabilidad completa, ya que no se trataba de inversiones que hubiera efectuado en su calidad de empresario individual. Concluyó el fallo que atendido el mérito de los documentos acompañados por el reclamante, consistentes en cartolas emitidas por las administradoras de fondos mutuos en las cuales el reclamante había efectuado las inversiones cuestionadas, que daban cuenta de los movimientos de las inversiones y el peritaje contable evacuado referido a los citados documentos, permitían establecer que efectivamente las liquidaciones impugnadas habían incurrido en un error al determinar el monto de las inversiones, el cual efectivamente era inferior al señalado en los actos impugnados, resultando procedente dar lugar en parte al reclamo.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“Concepción, dieciocho de enero de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 20 y siguientes, comparece don Jorge Montecinos Araya, abogado, domiciliado en calle Chacabuco N° 1085 oficina 1102 de la comuna de Concepción, en representación de don XXXX, Rut: X.XXX.XXX-X, con domicilio en Tucapel, Polcura, Ricardo Claro N° 115. Quien de conformidad al Artículo 124 y siguientes del Código Tributario, interpone reclamo en contra de las Liquidaciones N°24 a la 34 de fecha 12 de abril de 2012, emitidas por la Unidad de Los Ángeles dependiente de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, y en base a los antecedentes de hecho y derecho que expone.
Indica que, con fecha 30 de marzo de 2011, mediante citación N° 28, se le solicitó al contribuyente acreditar las siguientes inversiones correspondientes a fondos mutuos:
a) Monto $14.000.000 Fecha 13.02.2009
b) Monto $14.000.000 Fecha 23.07.2009
c) Monto $45.000.000 Fecha 19.01.2009
d) Monto $15.000.000 Fecha 02.02.2009
e) Monto $22.000.000 Fecha 09.02.2009
f) Monto $19.080.533 Fecha 19.02.2009
g) Monto $ 3.000.000 Fecha 26.02.2009
h) Monto $ 6.000.000 Fecha 20.03.2009
i) Monto $12.000.000 Fecha 26.03.2009
j) Monto $27.000.000 Fecha 27.03.2009
k) Monto $18.000.000 Fecha 05.05.2009
l) Monto $56.500.000 Fecha 10.06.2009
m) Monto $30.000.000 Fecha 19.06.2009
n) Monto $35.000.000 Fecha 26.06.2009
ñ) Monto $ 5.000.000 Fecha 18.0.2009
o) Monto $ 5.500.000 Fecha 19.08.2009
p) Monto $10.000.000 Fecha 21.08.2009
q) Monto $10.000.000 Fecha 09.09.2009
r) Monto $ 7.000.000 Fecha 05.10.2009
Señala que para el caso de hallarse en algunas situaciones previstas en el artículo 71 del DL. 824, se le indicó que debía acreditar en origen de los fondos mediante contabilidad fidedigna.
Agrega que sin embargo, el órgano fiscalizador consideró que el contribuyente no justificó fehacientemente las inversiones señaladas anteriormente, por lo que procedió a cursar las liquidaciones reclamadas, según lo dispuesto en los artículos 70 inciso 2° y 21 inciso 2° del DL. 824 e inciso 2° del artículo 75 del DL. 825.
Indica que producto de los antecedentes proporcionados por el contribuyente en la respuesta a la citación, el Servicio de impuestos Internos, cuestiona en las liquidaciones mencionadas, los pagos efectuados a los siguientes proveedores:
Faenadora de Carnes Victoria S.A RUT N° 99.553.190-9:
Facturas: 27053, 27531, 27955, 28702, y 28326.
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada:
Facturas: 18896172, 18448964, 18896050, 20134178, 19448856, 20289756, 28710425, 21085172, y 21098273.
Aduce que de las liquidaciones, considerando los recargos legales, se le determinan impuestos por la suma de $351.184.934, al 12 de abril de 2012, sobre una suma no justificada de $354.080.533.
El reclamante expone que las liquidaciones deberán ser dejadas sin efecto toda vez que fue citado por inversiones de fondos mutuos y el servicio pretende afectarlo por diferencias de IVA, Impuesto a la Renta y Global Complementario, lo anterior por no haber justificado el pago a proveedores, operaciones por las cuales no ha sido citado.
Por otro lado, expone que las inversiones cuestionadas no existen, pues no tiene capacidad económica suficiente para efectuar inversiones anuales por $354.080.533. Señala que lo que sucedió fue que el servicio consideró varias veces los mismos movimientos financieros, pero sin cumplir con su deber de justificar la inversión propiamente tal.
Indica que, para que el servicio pueda asilarse en la presunción legal del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta, debe previamente acreditar el gasto, desembolso o inversión que constituye el indicio considerado por el legislador, para trasladar la carga al contribuyente.
Por último, agrega que las liquidaciones deben ser dejadas sin efecto, porque los preceptos legales que han servido de sustento, específicamente en los artículos 70 y 21 del DL. 824 y 76 del DL.825, en cuanto pretende afectar con una carga impositiva total de $351.184.937 de fecha 12 de abril de 2012, sobre una inversión no justificada de $354.080.533, en caso concreto, resultan inconstitucionales, puesto que son confiscatorios.
A fojas 30 y siguientes, corre escrito de fecha 31 de agosto de 2012, presentado por don Roberto Rojas Retamal, Director Regional Subrogante de la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, quien evacúa el traslado conferido a fojas 27, solicitando el rechazo de la reclamación interpuesta y la confirmación de las liquidaciones impugnadas, conforme a los siguientes argumentos:
Antecedentes del reclamo:
Señala que con fecha 29 de octubre de 2010 mediante Notificación N° 6014225, se solicitó al contribuyente acreditar el origen y disponibilidad de los fondos con los cuales realizó inversiones en el año comercial 2009, el cual al dar respuesta aportó la siguiente documentación: Libro Diario, mayor, balance general periodos 2007, 2008 y 2009, cartolas de movimientos de fondos mutuos, escritura de compra de bienes raíces, escritura de mutuo hipotecario, cartolas de movimiento de operaciones de crédito del periodo observado y una carta explicativa de las inversiones realizadas donde indicaba que se efectuaron con rescate de fondos mutuos.
Indica que los antecedentes mencionados anteriormente no justificaron las inversiones realizadas, por lo que se le solicitó a través de la Citación N° 28 de fecha 30 de marzo de 2010, justificar el origen de los fondos con que efectuó las siguientes inversiones:
1) 19.01.2009 $45.000.000 13)26.06.2009 $35.000.000
2) 13.02.2009 $14.000.000 14) 23.07.2009 $14.000.000
3) 02.02.2009 $15.000.000 15) 18.08.2009 $5.000.000
4) 09.02.2009 $22.000.000 16) 19.08.2009 $5.500.000
5) 19.02.2009 $19.080.533 17) 21.08.2009 $10.000.000
6) 26.02.2009 $ 3.000.000 18) 09.09.2009 $10.000.000
7) 20.03.2009 $ 6.000.000 19) 05.10.2009 $7.000.000
8) 26.03.2009 $12.000.000
9) 27.03.2009 $27.000.000
10) 05.05.2009 $18.000.000
11) 10.06.2009 $56.500.000
12) 19.06.2009 $30.000.000
Agrega que las inversiones no fueron justificadas en la citación, por lo que el Servicio procedió a practicar las liquidaciones N° 24 al 34 de fecha 12 de abril de 2012, por diferencias de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la renta de Primera Categoría e Impuesto Global Complementario por el periodo tributario 2009, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley de impuesto a la renta y 76 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios.
Señala que la diferencia de impuesto que se determinó en las liquidaciones corresponde a la suma de $202.302.370, más reajustes por $14.809.072, más intereses por $90.663.421 y la suma de $43.410.074 en multas, lo que a la fecha de las liquidaciones sumaba un total de $351.184.937.
Respecto a la supuesta falta de citación previa:
Señala que el reclamante solicita dejar sin efecto las liquidaciones, ya que habría sido citado por inversiones de fondos mutuos, y en definitiva el servicio pretende afectarlo con los impuestos ya mencionados por no justificar el pago a proveedores, operaciones por las cuales no habría sido citado legalmente como era obligatorio por parte del órgano fiscalizador. Además señala que existiría falta de citación previa, por lo que las referidas liquidaciones deben ser dejadas sin efecto.
Empero la parte reclamada sostiene, que no es efectivo lo expuesto por el contribuyente, toda vez que este fue citado para que justificara el origen de los fondos con que efectuó las inversiones en fondos mutuos conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley de Impuesto a la Renta y a la circular N° 8 de 2000, en contexto de una fiscalización por justificación de inversiones.
Indica que el contribuyente al dar respuesta a la citación, acompañó documentación contable, en donde modificó la cuenta proveedores llevando las compras realizadas a cuentas por pagar a 30, 60 y 120 días de plazo, para demostrar que tenía liquidez suficiente para efectuar las inversiones, y que esta información se corroboró con los proveedores, y resultó no ser efectiva, y que habrían sido estas canceladas al contado.
Señala que por tanto, existe una confusión conceptual por parte del reclamante al creer que las liquidaciones se realizaron por inconsistencia de determinados gastos de compra a proveedores, ya que lo cierto es que se realizaron por no justificar determinadas inversiones.
Afirma que el contribuyente fue citado correctamente, ya que la citación se realizó para que el justificara el origen de los fondos con que efectuó determinadas inversiones y al no lograr justificarlas se practicaron las liquidaciones reclamadas.
En cuanto a la existencia de las inversiones:
Indica que a diferencia de lo que afirma el reclamante con respecto a la no existencia de las inversiones, la reclamada asevera que tales inversiones sí han existido y que se probarán durante el desarrollo del juicio.
En cuanto a los hechos controvertidos:
Señala que el hecho controvertido es la existencia de las inversiones, toda vez, que el contribuyente las niega expresamente. Indica que existe una contradicción por parte del contribuyente, ya que por un lado niega la existencia de las inversiones y por otro intenta probar el origen de los fondos de las mismas. Agrega que en ese último caso no tendría nada que probar, pues si afirma la no existencia de las inversiones, es el servicio quien estaría actuando en base a antecedentes inexactos.
Indica que no tiene ningún valor lo señalado en la reclamación en su punto cuarto al indicar: “Mi representado justificará con todos los medios de prueba legales el origen de las inversiones que efectivamente el servicio logre acreditar en esta causa”, ya que esto se podrá acreditar una vez que finalice el término probatorio y se dicte sentencia definitiva ejecutoriada, sólo en ese momento estarán acreditadas las inversiones, pero ya habría precluido la oportunidad del reclamante de probar el origen de los fondos con que se efectuaron. Agrega que es el mismo reclamante quien señala que justificará el origen de las inversiones y no el origen de los fondos, lo que carece de toda relevancia, toda vez que la normativa legal exige acreditar el origen de los fondos con que se efectuaron las inversiones.
Con respecto a la supuesta inconstitucionalidad:
En relación a este punto, el servicio señala que en la reclamación de las liquidaciones, se solicita dejarlas sin efecto porque los preceptos legales que les sirven de fundamento, según lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la ley de Impuesto a la Renta y el artículo 76 del DL. 825, serían inconstitucionales, vulnerando supuestamente el articulo 19 N°20 de la Constitución Política de la República, en cuanto prohíbe la existencia de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, al ser francamente confiscatorios, señalando que el valor total de las inversiones sería de $354.080.533 y el valor de la supuesta carga impositiva sería de $351.184.937, lo que supuestamente afectaría con una tasa final de casi un 100%.
Indica que de lo anterior se desprende un error conceptual, pues analizando la doctrina tributaria tanto nacional como internacional, en ningún caso se incluyen dentro de los tributos los intereses y multas, los cuales sí fueron agregados a las liquidaciones que se reclaman, toda vez que la suma de $351.184.937, incluye impuestos, intereses y multas, por lo que realmente el reclamante habría incurrido en un error conceptual al creer que la suma señalada podría ser confiscatoria.
Finalmente, se solicita tener por evacuado el traslado, rechazar la reclamación y confirmar las liquidaciones impugnadas o confirmarlas parcialmente, todo lo anterior con expresa condenación en costas del reclamante.
A fojas 39 y siguiente, se recibe la causa a prueba por el término legal, rindiéndose la que obra en autos, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
1º) Acredítese que la citación fue emitida cumpliendo todos los requisitos que el ordenamiento jurídico establece, tanto legales y reglamentarios.
2°) Acredítese el origen de los fondos con que se realizaron las inversiones de fondos mutuos según el siguiente detalle:
13.02.2009 $14.000.000 23.07.2009 $14.000.000
19.01.2009 $45.000.000 02.02.2009 $15.000.000
09.02.2009 $22.000.000 19.02.2009 $19.080.533
26.02.2009 $3.000.000 20.03.2009 $6.000.000
26.03.2009 $12.000.000 27.03.2009 $27.000.000
05.05.2009 $18.000.000 10.06.2009 $56.500.000
19.06.2009 $30.000.000 26.06.2009 $35.000.000
18.08.2009 $5.000.000 19.08.2009 $5.500.000
21.08.2009 $10.000.000 09.09.2009 $10.000.000
05.10.2009 $7.000.000
A fojas 54, la parte reclamante solicita se ordene peritaje contable – tributario, con el objeto que un profesional contador auditor informe al tribunal acerca de la efectividad de las operaciones de que dan cuenta el origen de los fondos con que se realizaron las inversiones de fondos mutuos, especialmente, si conforme a la operatoria contable y financieras propias del contribuyente, este pudo realizar las operaciones indicadas, así como en general todo otro aspecto relacionado con su ciencia contable que incida en la presente reclamación.
A fojas 55, se cita a audiencia de nombramiento de peritos, conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.
A fojas 64, se realiza audiencia de nombramiento de peritos, en la cual las partes acuerdan nombrar a doña Mónica Aguilera Gabai, quien a fojas 89 y siguientes, evacua su informe pericial.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el reclamo se interpuso dentro del plazo señalado por la ley.

SEGUNDO: A fojas 20 y siguientes, con fecha 31 de julio de 2012, comparece don JORGE MONTECINOS ARAYA, abogado, cédula nacional de identidad número 9.086.407-6, en representación de XXXX, cédula nacional de identidad número X.XXX.XXX-X, con domicilio en Tucapel, Polcura, Rio Claro N° 115; quien viene en interponer reclamación en contra de las liquidaciones N° 24 a la N° 32 del 12 de abril de 2012, notificadas por cédula con igual fecha, conforme a los argumentos de hecho y de derecho ya expuestos en la parte expositiva de esta sentencia, que se dan en esta ocasión por íntegramente reproducidos.

TERCERO: Que, a fojas 30 y siguientes, el Servicio de Impuestos Internos evacuó el traslado conferido, solicitando que la reclamación sea rechazada en todas sus partes, de acuerdo a los fundamentos consignados en la parte expositiva de esta sentencia.

CUARTO: Que es un hecho no discutido por las partes:
- Que se detallaron las Inversiones en Fondos Mutuos en las fechas que se indican en las liquidaciones 24 al 34 de fecha 12 de abril de 2012.

QUINTO: Que, los puntos de prueba a acreditarse en la especie fueron los siguientes:
- Acredítese que la citación fue emitida cumpliendo todos los requisitos que el ordenamiento jurídico establece, tanto legales y reglamentarios.
- Acredítese el origen de los fondos con que se realizaron las inversiones de fondos mutuos, detallados en la Citación N° 28 de fecha 30.03.2011.

SEXTO: Que, a fojas 43 la parte reclamada presentó recursos de Reposición y Apelación en subsidio, denegándose ambos recursos, el de reposición a fojas 46 y a fojas 86 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, confirmó la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil doce rolante a fojas 39.

SÉPTIMO: Que, la parte reclamada no rindió prueba alguna en este juicio.

OCTAVO: Que, en parte de su reclamación el actor solicitó que las liquidaciones fueran dejadas sin efecto, debido a que su representado fue citado por inversiones por fondos mutuos, y no porque no habría justificado pagos a los proveedores – Carne Victoria S.A. y Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada – operaciones respecto de las cuales no habría sido legalmente citado, como era obligatorio, por parte del órgano fiscalizador.
En este punto, cabe señalar que efectivamente ello no se consideró dentro de la Citación en comento, pero asimismo, tampoco fue parte de las liquidaciones reclamadas, sino que estos pagos solamente fueron un antecedente más, expuesto por el organismo fiscalizador con la finalidad de cuestionar o invalidar los argumentos presentados por el contribuyente en la instancia administrativa de respuesta de la Citación, y declarar como no fidedigna la contabilidad.
Más aun, se puede indicar que iguales valores encuentran incluidos en la Citación 28 de fecha 30 de marzo de 2011 que rola a fojas 8, y en las liquidaciones que se reclaman; para ello se presenta el siguiente cuadro:

Citación N° 28 Liquidaciones N°s 24 a la 34
Fecha Monto Invertido Fecha Monto Invertido
13.02.2009 14.000.000 13.02.2009 14.000.000
23.07.2009 14.000.000 23.07.2009 14.000.000
19.01.2009 45.000.000 19.01.2009 45.000.000
02.02.2009 15.000.000 02.02.2009 15.000.000
09.02.2009 22.000.000 09.02.2009 22.000.000
19.02.2009 19.080.533 19.02.2009 19.080.533
26.02.2009 3.000.000 26.02.2009 3.000.000
20.03.2009 6.000.000 20.03.2009 6.000.000
26.03.2009 12.000.000 26.03.2009 12.000.000
27.03.2009 27.000.000 27.03.2009 27.000.000
05.05.2009 18.000.000 05.05.2009 18.000.000
10.06.2009 56.500.000 10.06.2009 56.500.000
19.06.2009 30.000.000 19.06.2009 30.000.000
26.06.2009 35.000.000 26.06.2009 35.000.000
18.08.2009 5.000.000 18.08.2009 5.000.000
19.08.2009 5.500.000 19.08.2009 5.500.000
21.08.2009 10.000.000 21.08.2009 10.000.000
09.09.2009 10.000.000 09.09.2009 10.000.000
05.10.2009 7.000.000 05.10.2009 7.000.000
Total 354.080.533 Total 354.080.533

A mayor abundamiento, al no existir diferencias entre las partidas citadas y las partidas liquidadas y la mención de las facturas pagadas a Faenadora de Carnes Victoria S.A., y Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada, es un antecedente relevante para cuestionar la contabilidad y declararla como no fidedigna, al estar sustentadas en operaciones falsas, según lo establecido, en los artículos 21, 63 y 64 del Código Tributario. Situación no reclamada.

NOVENO: Que, así también el recurrente arguyó que las liquidaciones deben ser dejadas sin efecto, debido a que no fue legalmente citado y porque no existen las inversiones cuestionadas.
Lo anterior carece de toda veracidad, debido a que a fojas 8 rola Citación 28 de fecha 30 de marzo de 2011 emitida por la Unidad de Los Angeles dependiente de la VIII Dirección Regional Concepción y de fojas 9 a la 17 consta “cartolas de movimientos de fondos mutuos”, en donde se desprende que realmente existen las inversiones de fondos mutuos cuestionadas por el Servicio. En consecuencia, este sentenciador no puede acoger a lo establecido por el contribuyente.
Se debe precisar que, en materia de justificación de inversiones el carácter de trámite esencial de la citación se extrae en que el propio ente fiscalizador lo impone la Circular N° 8/2000 del Servicio de Impuestos Internos, referida a esta materia, cuando señala que “corresponderá emitir Citación por la parte no justificada y por el total del desembolso” (capitulo sexto de la referida circular). Por ello, en este caso no es facultativo la emisión de este acto administrativo.

DÉCIMO: Que, ante lo argumentado en el reclamo en cuanto a que el actor no tiene la capacidad económica para efectuar inversiones anuales por la suma de $354.080.533, y QUE lo que ha sucedido es que el Servicio ha considerado varias veces los mismos movimientos financieros, por lo que se debe dejar sin efectos las liquidaciones, se puede señalar que efectivamente el rol del Servicio para solicitar el origen de los fondos para la justificación de los Desembolsos o Inversiones, debe indicar todas y cada una de las aplicaciones de dineros efectuadas por el actor, lo cual efectivamente ocurrió en la especie y por lo tanto este jurisdicente no puede acceder a expuesto por el reclamante.

DÉCIMO PRIMERO: Que por último, ante el argumento de que las liquidaciones deben ser dejadas sin efectos porque los preceptos legales que le han servido de sustento, específicamente los artículos 70 y 21 del D.L. 824 y 76 del D.L. 825, resultan inconstitucionales puesto que son confiscatorios, se debe precisar que las cifras dadas en este punto no corresponden a la realidad, dado que consideran los intereses y las multas que se adicionan a los impuestos; y lo que señala la carta fundamental en su inciso 2° del artículo 19 N° 20, se refiere, lógicamente, a impuestos netos, y no como pretende el actor además a los reajustes, los intereses y las multas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al “onus probandi”, en materia de inversiones se debe estar a lo reglado en el artículo 21 del Código Tributario, es decir, el contribuyente al tener la carga o el peso de justificar, debe probar el origen de los fondos destinados a las inversiones que han sido cuestionadas en las liquidaciones reclamadas. Este precepto explícitamente señala que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Además, la misma norma legal agrega que para obtener que se anule o modifique una liquidación el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero del Código Tributario.

DÉCIMO TERCERO: Que, así también en esta disciplina, hay que estarse a lo decretado en el artículo 70 de la Ley de la Renta que dispone que se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Agregando que si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera Categoría, según el Nº 3 del artículo 20 o clasificadas en la Segunda Categoría conforme al Nº 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal del contribuyente. Finalmente, establece que los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, podrán acreditar el origen de dichos fondos por todos los medios de prueba que establece la ley.

DÉCIMO CUARTO: Que, en este caso, el contribuyente de litis al ser un comerciante afectado por el Impuesto de Primera Categoría artículo 20 N° 3 del D.L. 824 de 1974, en su calidad de comerciante que ejerce el giro de “comercialización de tripales y derivados de cerdos y supermercado”, lo que se confirma con las pruebas que el mismo ha rendido en este juicio y que además acreditan que ha invertido en fondos mutuos. Por lo anterior, está obligado a llevar contabilidad fidedigna que según su actividad comercial en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 17 del Código Tributario, que establece que “toda persona que deba acreditar la renta efectiva, lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en contrario.”.
Teniendo presente esta normativa legal, y al no haberse acompañado “la contabilidad” en los términos que establece el artículo 25 del Código de Comercio, se debe estar a o lo instituido por según lo dispone el artículo 21 del Código Tributario.
Por añadidura, al tratarse de un comerciante que determina ingresos mediante el sistema de contabilidad completa y que, para justificar el origen de los fondos, en estas circunstancias solo es admisible al reclamante como medio de prueba, el sistema de contabilidad fidedigna, sin que sea posible aceptar otros medios probatorios. Entendiéndose que como sólo es factible probar mediante la contabilidad fidedigna; es del caso señalar que, se define como contabilidad fidedigna aquella que es digna de fe y de crédito, y que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes, que refleja fiel y cronológicamente, por el verdadero monto, las operaciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existencia de bienes del negocio del contribuyente. Y además, que la contabilidad es fidedigna cuando está respaldada fehacientemente por la documentación soportante. Los libros de contabilidad deben ajustarse a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios, como lo preceptúa el artículo 16 del Código Tributario.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo en materia contable, dentro de los principios generalmente aceptados, en la especie se debe recurrir al principio de la entidad (ente económico), en conformidad del cual se reconoce que una empresa tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la integran, siendo la empresa un ente jurídico diverso. Entonces, la contabilidad versará sobre bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no al ámbito correspondientes a sus propietarios, considerando así solamente sus retiros.
Teniendo presente, aplicando este principio, y sólo en base a razonamientos lógicos y valorando la prueba conforme a la sana crítica – pues nada dice el reclamante en este punto – es dable suponer que las inversiones cuestionadas en fondos mutuos, no son parte del patrimonio de su empresa sino que el patrimonio personal, por ende, no deben formar parte de la contabilidad; así las cosas, es dable suponer que estas inversiones pueden haber sido financiadas con los egresos o rescates de fondos mutuos, y que en este caso no se aplicaría la limitación probatoria del artículo 21 del Código Tributario, sino que la regla general de libertad probatoria del artículo 70 del mismo cuerpo legal.
Así, de lo precedente es una conclusión lógica, que de las inversiones en fondos mutuos no se han destinado al ejercicio del giro de comerciante de tripales y derivados de cerdos, supermercados que ejerce el contribuyente, donde sí se aplica necesariamente la limitación de requerir la contabilidad fidedigna necesariamente como medio de acreditar las inversiones. Este sentenciador en la especie, determina que las inversiones están destinadas a una finalidad patrimonial del propietario y no al empresario individual, por tanto, se aplica lo dispuesto el artículo 70 de la ley de la renta en cuanto a la libertad probatoria, pero la lógica y las máximas de experiencia nos permiten suponer, sin duda alguna, que la inversión en valores mobiliarios tuvo por destino no el ejercicio del giro del contribuyente.
Por otra parte, en informe pericial evacuado por doña Mónica Aguilera Gabai, rolante a fojas 89 y siguientes, que en su parte conclusiva señala que se pudo acreditar de las transacciones registradas en las cartolas que rolan entre las fojas 9 y 15 registra un constante movimiento de fondos entre valores invertidos y rescatados, totalmente consistente con el tipo de negocio y reconoce que no fue posible verificar la operatoria contable por no formar ésta parte integrante de este proceso.

DÉCIMO SEXTO: Que, de acuerdo a los antecedentes aportados, tales como las cartolas de movimientos de fondos mutuos emitidas por Santander Asset Management, apoyan que las inversiones en “fondos mutuos” son producto del rescate de estos mismos, ratificando la tesis explicitada en el motivo precedente.
Teniendo presente lo anterior, se confeccionará un cuadro que permitirá visualizar las inversiones de los fondos mutuos y sus rescates, durante el año 2009:
FECHA FONDO MUTUO INVERSION RESCATE DIFERENCIA
01.10.08 Money Market Plus - Inversionista 44.519.057 44.519.057
2009
19.01.09 Money Market Plus – Inversionista 45.000.000 -480.943
26.01.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 10.000.000
02.02.09 Money Market Plus – Inversionista 15.000.000 -5.000.000
09.02.09 Money Market Plus – Inversionista 22.000.000 -22.000.000
11.02.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 10.000.000
13.02.09 Money Market Inversionista 14.000.000 -4.000.000
18.02.09 Money Market Inversionista 14.080.533 14.080.533
A mayor abundamiento, al no existir diferencias entre las partidas citadas y las partidas liquidadas y la mención de las facturas pagadas a Faenadora de Carnes Victoria S.A., y Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada, es un antecedente relevante para cuestionar la contabilidad y declararla como no fidedigna, al estar sustentadas en operaciones falsas, según lo establecido, en los artículos 21, 63 y 64 del Código Tributario. Situación no reclamada.

NOVENO: Que, así también el recurrente arguyó que las liquidaciones deben ser dejadas sin efecto, debido a que no fue legalmente citado y porque no existen las inversiones cuestionadas.
Lo anterior carece de toda veracidad, debido a que a fojas 8 rola Citación 28 de fecha 30 de marzo de 2011 emitida por la Unidad de Los Angeles dependiente de la VIII Dirección Regional Concepción y de fojas 9 a la 17 consta “cartolas de movimientos de fondos mutuos”, en donde se desprende que realmente existen las inversiones de fondos mutuos cuestionadas por el Servicio. En consecuencia, este sentenciador no puede acoger a lo establecido por el contribuyente.
Se debe precisar que, en materia de justificación de inversiones el carácter de trámite esencial de la citación se extrae en que el propio ente fiscalizador lo impone la Circular N° 8/2000 del Servicio de Impuestos Internos, referida a esta materia, cuando señala que “corresponderá emitir Citación por la parte no justificada y por el total del desembolso” (capitulo sexto de la referida circular). Por ello, en este caso no es facultativo la emisión de este acto administrativo.

DÉCIMO: Que, ante lo argumentado en el reclamo en cuanto a que el actor no tiene la capacidad económica para efectuar inversiones anuales por la suma de $354.080.533, y que lo que ha sucedido es que el Servicio ha considerado varias veces los mismos movimientos financieros, por lo que se debe dejar sin efectos las liquidaciones, se puede señalar que efectivamente el rol del Servicio para solicitar el origen de los fondos para la justificación de los Desembolsos o Inversiones, debe indicar todas y cada una de las aplicaciones de dineros efectuadas por el actor, lo cual efectivamente ocurrió en la especie y por lo tanto este jurisdicente no puede acceder a expuesto por el reclamante.

DÉCIMO PRIMERO: Que por último, ante el argumento de que las liquidaciones deben ser dejadas sin efectos porque los preceptos legales que le han servido de sustento, específicamente los artículos 70 y 21 del D.L. 824 y 76 del D.L. 825, resultan inconstitucionales puesto que son confiscatorios, se debe precisar que las cifras dadas en este punto no corresponden a la realidad, dado que consideran los intereses y las multas que se adicionan a los impuestos; y lo que señala la carta fundamental en su inciso 2° del artículo 19 N° 20, se refiere, lógicamente, a impuestos netos, y no como pretende el actor además a los reajustes, los intereses y las multas.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al “onus probandi”, en materia de inversiones se debe estar a lo reglado en el artículo 21 del Código Tributario, es decir, el contribuyente al tener la carga o el peso de justificar, debe probar el origen de los fondos destinados a las inversiones que han sido cuestionadas en las liquidaciones reclamadas. Este precepto explícitamente señala que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Además, la misma norma legal agrega que para obtener que se anule o modifique una liquidación el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio de Impuestos Internos, en conformidad a las normas pertinentes del Libro Tercero del Código Tributario.

DÉCIMO TERCERO: Que, así también en esta disciplina, hay que estarse a lo decretado en el artículo 70 de la Ley de la Renta que dispone que se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Agregando que si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá que corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera Categoría, según el Nº 3 del artículo 20 o clasificadas en la Segunda Categoría conforme al Nº 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal del contribuyente. Finalmente, establece que los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, podrán acreditar el origen de dichos fondos por todos los medios de prueba que establece la ley.

DÉCIMO CUARTO: Que, en este caso, el contribuyente de litis al ser un comerciante afectado por el Impuesto de Primera Categoría artículo 20 N° 3 del D.L. 824 de 1974, en su calidad de comerciante que ejerce el giro de “comercialización de tripales y derivados de cerdos y supermercado”, lo que se confirma con las pruebas que el mismo ha rendido en este juicio y que además acreditan que ha invertido en fondos mutuos. Por lo anterior, está obligado a llevar contabilidad fidedigna que según su actividad comercial en atención a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 17 del Código Tributario, que establece que “toda persona que deba acreditar la renta efectiva, lo hará mediante contabilidad fidedigna, salvo norma en contrario.”.
Teniendo presente esta normativa legal, y al no haberse acompañado “la contabilidad” en los términos que establece el artículo 25 del Código de Comercio, se debe estar a o lo instituido por según lo dispone el artículo 21 del Código Tributario.
Por añadidura, al tratarse de un comerciante que determina ingresos mediante el sistema de contabilidad completa y que, para justificar el origen de los fondos, en estas circunstancias solo es admisible al reclamante como medio de prueba, el sistema de contabilidad fidedigna, sin que sea posible aceptar otros medios probatorios. Entendiéndose que como sólo es factible probar mediante la contabilidad fidedigna; es del caso señalar que, se define como contabilidad fidedigna aquella que es digna de fe y de crédito, y que se ajusta a las normas legales y reglamentarias vigentes, que refleja fiel y cronológicamente, por el verdadero monto, las operaciones, ingresos, desembolsos, inversiones y existencia de bienes del negocio del contribuyente. Y además, que la contabilidad es fidedigna cuando está respaldada fehacientemente por la documentación soportante. Los libros de contabilidad deben ajustarse a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultado de los negocios, como lo preceptúa el artículo 16 del Código Tributario.

DÉCIMO QUINTO: Que, asimismo en materia contable, dentro de los principios generalmente aceptados, en la especie se debe recurrir al principio de la entidad (ente económico), en conformidad del cual se reconoce que una empresa tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la integran, siendo la empresa un ente jurídico diverso. Entonces, la contabilidad versará sobre bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no al ámbito correspondientes a sus propietarios, considerando así solamente sus retiros.
Teniendo presente, aplicando este principio, y sólo en base a razonamientos lógicos y valorando la prueba conforme a la sana crítica – pues nada dice el reclamante en este punto – es dable suponer que las inversiones cuestionadas en fondos mutuos, no son parte del patrimonio de su empresa sino que el patrimonio personal, por ende, no deben formar parte de la contabilidad; así las cosas, es dable suponer que estas inversiones pueden haber sido financiadas con los egresos o rescates de fondos mutuos, y que en este caso no se aplicaría la limitación probatoria del artículo 21 del Código Tributario, sino que la regla general de libertad probatoria del artículo 70 del mismo cuerpo legal.
Así, de lo precedente es una conclusión lógica, que de las inversiones en fondos mutuos no se han destinado al ejercicio del giro de comerciante de tripales y derivados de cerdos, supermercados que ejerce el contribuyente, donde sí se aplica necesariamente la limitación de requerir la contabilidad fidedigna necesariamente como medio de acreditar las inversiones. Este sentenciador en la especie, determina que las inversiones están destinadas a una finalidad patrimonial del propietario y no al empresario individual, por tanto, se aplica lo dispuesto el artículo 70 de la ley de la renta en cuanto a la libertad probatoria, pero la lógica y las máximas de experiencia nos permiten suponer, sin duda alguna, que la inversión en valores mobiliarios tuvo por destino no el ejercicio del giro del contribuyente.
Por otra parte, en informe pericial evacuado por doña Mónica Aguilera Gabai, rolante a fojas 89 y siguientes, que en su parte conclusiva señala que se pudo acreditar de las transacciones registradas en las cartolas que rolan entre las fojas 9 y 15 registra un constante movimiento de fondos entre valores invertidos y rescatados, totalmente consistente con el tipo de negocio y reconoce que no fue posible verificar la operatoria contable por no formar ésta parte integrante de este proceso.

DÉCIMO SEXTO: Que, de acuerdo a los antecedentes aportados, tales como las cartolas de movimientos de fondos mutuos emitidas por Santander Asset Management, apoyan que las inversiones en “fondos mutuos” son producto del rescate de estos mismos, ratificando la tesis explicitada en el motivo precedente.
Teniendo presente lo anterior, se confeccionará un cuadro que permitirá visualizar las inversiones de los fondos mutuos y sus rescates, durante el año 2009:
FECHA FONDO MUTUO INVERSION RESCATE DIFERENCIA
01.10.08 Money Market Plus - Inversionista 44.519.057 44.519.057
2009
19.01.09 Money Market Plus – Inversionista 45.000.000 -480.943
26.01.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 10.000.000
02.02.09 Money Market Plus – Inversionista 15.000.000 -5.000.000
09.02.09 Money Market Plus – Inversionista 22.000.000 -22.000.000
11.02.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 10.000.000
13.02.09 Money Market Inversionista 14.000.000 -4.000.000
18.02.09 Money Market Inversionista 14.080.533 14.080.533
19.02.09 Money Market Plus – Inversionista 19.080.533 -5.000.000
26.02.09 Money Market Plus – Inversionista 3.000.000 -3.000.000
03.03.09 Money Market Plus – Inversionista 5.000.000 5.000.000
09.03.09 Money Market Plus – Inversionista 27.000.000 32.000.000
11.03.09 Money Market Plus – Inversionista 7.000.000 39.000.000
20.03.09 Money Market Plus – Inversionista 6.000.000 33.000.000
26.03.09 Money Market Plus – Inversionista 12.000.000 21.000.000
27.03.09 Money Market Plus – Inversionista 27.000.000 -6.000.000
08.04.09 Money Market Plus – Inversionista 20.000.000 20.000.000
05.05.09 Money Market Plus – Inversionista 18.000.000 2.000.000
06.05.09 Money Market Plus – Inversionista 3.000.000 5.000.000
11.05.09 Money Market Plus – Inversionista 9.000.000 14.000.000
27.05.09 Money Market Plus – Inversionista 5.000.000 19.000.000
04.06.09 Money Market Plus – Inversionista 15.000.000 34.000.000
04.06.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 44.000.000
07.06.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 54.000.000
08.06.09 Money Market Plus – Inversionista 5.000.000 59.000.000
10.06.09 Money Market Plus – Inversionista 56.500.000 2.500.000
14.06.09 Money Market Plus – Inversionista 22.000.000 24.500.000
15.06.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 34.500.000
18.06.09 Money Market Plus – Inversionista 30.000.000 64.500.000
19.06.09 Money Market Plus – Inversionista 30.000.000 34.500.000
26.06.09 Money Market Plus – Inversionista 35.000.000 -500.000
06.07.09 Money Market Plus – Inversionista 2.000.000 2.000.000
12.07.09 Money Market Plus – Inversionista 6.000.000 8.000.000
23.07.09 Money Market Plus – Inversionista 14.000.000 -6.000.000
09.08.09 Money Market Plus – Inversionista 23.000.000 23.000.000
10.08.09 Money Market Plus – Inversionista 5.000.000 28.000.000
11.08.09 Money Market Plus – Inversionista 8.000.000 36.000.000
18.08.09 Money Market Plus – Inversionista 5.000.000 31.000.000
19.08.09 Money Market Plus – Inversionista 5.500.000 25.500.000
21.08.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 15.500.000
30.08.09 Money Market Plus – Inversionista 8.000.000 23.500.000
09.09.09 Money Market Plus – Inversionista 10.000.000 13.500.000
14.09.09 Money Market Plus – Inversionista 3.000.000 16.500.000
05.10.09 Money Market Plus – Inversionista 7.000.000 9.500.000
08.10.09 Money Market Plus – Inversionista 4.000.000 13.500.000
08.11.09 Money Market Plus – Inversionista 8.000.000 21.500.000
10.12.09 Money Market Plus – Inversionista 6.000.000 27.500.000

En efecto, el conocimiento del movimiento que tuvieron estos valores mobiliarios durante el año 2009, permite determinar los montos se encuentran acreditados o justificados mediante el rescate de los fondos mutuos producto de inversiones anteriores.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación a las tantas veces referidas cartolas de movimientos de los fondos mutuos, estas permiten establecer las diferencias en Inversiones o Desembolsos no justificados:
Periodo Monto Inversión Monto Justificado Monto no Justificado
Enero 2009 45.000.000 44.519.057 480.943
Febrero 2009 73.080.533 34.080.533 39.000.000
Marzo 2009 45.000.000 39.000.000 6.000.000
Mayo 2009 18.000.000 18.000.000 No hay
Junio 2009 121.500.000 121.000.000 500.000
Julio 2009 14.000.000 8.000.000 6.000.000
Diferencia no acreditada 51.980.943

DÉCIMO OCTAVO: Que, también hay que tener presente que la circular 8 del año 2000 latamente nombrada, establece una presunción administrativa consistente en un plazo inferior a un año para que el Servicio no requiera pruebas de mantención de los recursos en su patrimonio, en caso contrario, el revisor podrá liquidar los impuestos resultantes o bien remitir los antecedentes al Comité de Inversiones a fin de que éste adopte la decisión final. Por lo precedente, es plenamente aplicable el rescate de los fondos mutuos para acreditar en parte las inversiones, o desembolsos realizados, en el período tributario precitado.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo dispone el artículo 70º de la Ley de Impuesto a la Renta, tratándose de contribuyentes de Primera Categoría, las sumas cuyo origen no se acredite, se considerarán ventas o servicios y quedarán gravadas con los impuestos del Título II y III, según el giro principal del negocio, salvo que se acredite que tiene otros ingresos provenientes de actividades exentas o no afectas a los referidos tributos.
En la especie el contribuyente se encuentra afectada por el Impuesto al Valor Agregado, toda vez que, se cumple lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 76 del D.L. 825, y dado que el mismo, es sujeto de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el D.L. 825, de 1974 y al justificar los desembolsos, gastos o inversiones, según el inciso segundo del artículo 76º de dicho texto legal, se deberán considerar estas diferencias de ingresos como ventas y servicios, gravándolas en consecuencia con los impuestos del Título II y III, según el giro principal del negocio, salvo que acrediten que tiene otros ingresos provenientes de actividades exentas o no afectas a los referidos tributos. Lo cual en parte ha ocurrido en la especie, por tanto, las liquidaciones de IVA se deben modificar en lo relacionado a los considerandos precitados.

VIGÉSIMO: Que, en consecuencia, en la especie el recurrente justifica en parte el origen de los fondos con que se efectuaron las inversiones de fondos mutuos mediante los recursos provenientes de los rescates de estos valores mobiliarios en conformidad con las cartolas de movimientos de ellos que rolan a fojas 9 y siguientes.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, las demás pruebas rendidas y antecedentes aportados en autos, en nada alteran lo razonado y concluido precedentemente.
Por las consideraciones precedentes y visto además lo dispuesto en los artículos 115, 123, 130, 131, 131 bis, 132, 148 y 165 del Código Tributario; artículos 20, 21, 70 del D.L. Nº 825/74; artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes;

SE RESUELVE:

I.- Que, SE ACOGE EN PARTE la reclamación interpuesta a fojas 07 y siguientes por don Jorge Montecinos Araya, en nombre y representación procesal de don XXXX, rol único tributario número X.XXX.XXX-X.
II. Que, en consecuencia déjese sin efectos las liquidaciones 27, 30, 31 y 32 de fecha 12 de abril de 2012, todas relativas al Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuesto en los motivos precedentes.
III. Que, reliquídese por su parte las liquidaciones 24, 25, 26, 28 y 30 de fecha 12 de abril de 2012, referentes al Impuesto al Valor Agregado.
IV. Que, reliquídese también las liquidaciones 33 de fecha 12 de abril de 2012 relativa al Impuesto de Primera Categoría, y la 34 de 12 de abril de 2012 por Impuesto Global Complementario, ambas correspondientes al año tributario 2010.
V. Que, por haber tenido motivo plausible para litigar, no se condenará en costas a la parte vencida.
Anótese, regístrese y archívese en su oportunidad.
Notifíquese la presente resolución a la parte reclamada mediante su publicación íntegra en el sitio en Internet, www.tta.cl, y dese aviso a la dirección de correo electrónico a la parte que lo haya solicitado. Notifíquese a la parte reclamante por medio de carta certificada al domicilio registrado en autos, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 131 bis del Código Tributario.
Déjese testimonio en el expediente”.

TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE CONCEPCIÓN – 18.01.2013 – JUEZ TITULAR SR. ANSELMO IVÁN CIFUENTES ORMEÑO