Todos los órganos de la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades, a quienes requieran una autorización para desarrollar una actividad económica, incorporándolo como requisito.
Los administradores, operadores o proveedores de medios de pago electrónico, a quienes contraten sus servicios para desarrollar una actividad económica.
Los operadores de plataformas digitales de intermediación, como los marketplaces, que permitan efectuar transacciones entre terceros para la adquisición de bienes o servicios, a quienes ofrezcan productos o servicios a través de sus plataformas.
Los Bancos comerciales, a los solicitantes de créditos o préstamos, cuando correspondan a una persona jurídica u otro tipo de entidad empresarial, incluido el empresario individual.