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Santiago, 17 de Agosto de 2026

Entre ellos el SII, la Fiscalía, la UAF, la CMF, los Bancos y el retail financiero:

Diez organismos públicos y del sector privado crean Mesa Nacional para coordinar combate contra el fraude financiero transnacional

  • Advierten que el fenómeno ha evolucionado hacia una economía criminal organizada, por lo que ya representa una amenaza a la seguridad nacional e internacional debido a su digitalización masiva.

Un total de 10 organismos públicos y entidades del sector privado suscribieron hoy un convenio para la creación de una Mesa Nacional para coordinar un combate conjunto en contra del fraude financiero transnacional, advirtiendo que en sus múltiples variantes el fenómeno ha evolucionado hacia una economía criminal organizada que explota los medios de pago y que, debido a su digitalización masiva, representa una amenaza a la seguridad nacional e internacional.
 
Las organizaciones participantes en la Mesa son el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco del Estado de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile.
 
Todas ellas reconocen la necesidad de establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración de conocimientos e información para combatir las distintas variantes de fraudes financieros, mediante una estrategia integral que permita facilitar la detección de patrones delictivos.
 
Existen múltiples variantes de este fenómeno criminal, denominado Defraudaciones Informáticas, entre las que se encuentran, por ejemplo, los fraudes con redirección de pagos, (Business Email Compromise (BEC), la instalación de programas maliciosos o malware,  el phishing (robo de datos), los fraudes con tarjetas de crédito y pasarelas de pago, fraudes de ofertas de créditos y usura, fraudes modalidad extorsión, los fraudes de suplantación de identidad en redes sociales y telecomunicaciones, el fraude mediante plataformas de inversión en línea (trading), los fraudes románticos y las estafas de empleo mediante ofertas falsas de trabajo, entre otras, todas las cuales tienen como único objetivo apropiarse de los dineros de las víctimas.
 
Esta cibercriminalidad constituye una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada, facilitando la comisión de otros delitos, como el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas, entre otras. Representa además una amenaza permanente y sofisticada para la prevención del lavado de activos, pues las organizaciones criminales procuran incorporar al sistema financiero los recursos provenientes del fraude y otros delitos con el fin de ocultar su origen ilícito.
 
La creación de esta Mesa está en línea con las últimas directrices emanadas de la ONU, que llamó a adoptar medidas coordinadas para prevenir y combatir el aumento explosivo del fraude financiero, definido como una amenaza transnacional que evoluciona rápidamente, erosiona las confianzas, desestabiliza las economías y amenaza el Estado de Derecho. 
 
La secretaría técnica de la Mesa estará a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía, Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, a quien le corresponderá la coordinación y dirección de la Mesa, que busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros mediante el intercambio sistemático de información estadística y técnica, la adopción de estándares internacionales emanados de Cumbre Mundial contra el Fraude y la optimización de los procesos de respuesta ante el aumento crítico de causas judiciales.

Entre las acciones comprometidas, la Mesa establecerá una plataforma de intercambio de información estadística, fenómenos criminales, reportes de tendencias y dinámicas delictivas y datos agregados relativos a fraudes financieros, que será administrada por el Ministerio Público. Junto a ello, impulsará propuestas de reformas legislativas para perfeccionar el marco normativo regulatorio y desarrollará estrategias púbicas de prevención y comunicación.