• Exdirigente lleva una década en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso en el que aceptó cooperar, reconociendo haber recibido sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar irregularmente derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales.
• Hasta la fecha, el imputado sigue en ese país, manteniéndose pendiente su extradición a territorio nacional.

 

El Servicio de Impuestos Internos anunció que estudiará presentar una apelación a los tribunales superiores de justicia para revertir la determinación del 13° tribunal de Garantía de Santiago de sobreseer definitivamente la causa por delitos tributarios iniciada el 2016 en contra del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue,  vinculada a los ingresos ilegales que recibió mediante soborno en el contexto del escándalo de corrupción del llamado FIFA Gate, por adjudicar irregularmente derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional.
 
En la arista penal por este caso, el SII interpuso el 01 de abril de 2016 una querella criminal por la presentación de declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes.  Posteriormente, con fecha 17 de enero de 2017, presentó una ampliación de la querella primitiva, por los Años Tributarios no comprendidos en la acción anterior.
El 18 de enero de 2017, el imputado fue formalizado en ausencia, con fines de extradición, siendo acogida dicha solicitud por parte del 13° Juzgado de Garantía de Santiago y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 26 de enero de 2017.
 
Hasta la fecha, el imputado sigue en Estados Unidos, manteniéndose pendiente su extradición a territorio nacional.
La persecución penal de quienes cometen delitos tributarios es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que a todos nos corresponden como ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos, y, en esa perspectiva, el SII agotará todas las instancias que considera el ordenamiento jurídico para conseguir que así sea.