La iniciativa aprobada incorpora una facultad al Presidente de la República para rebajar por una sola vez la tasa anual del Impuesto Territorial de los bienes raíces agrícolas y aumentar el monto de la exención que beneficia a estos predios, de manera que asegurar que el giro del impuesto una vez aplicado el reavalúo no aumente en más de un 10% respecto de la situación anterior. Esta facultad presidencial es análoga a la que se aplicó en 1995 con ocasión de la aplicación del proceso de reavalúo de las propiedades no agrícolas.

Esta prórroga permitirá al sector agrícola disponer de un mayor plazo para ir traspasándose de un sistema de tributación por renta presunta a renta efectiva, para los efectos de atenuar el impacto del aumento de los avalúos agrícolas, producto del reavalúo respectivo.

En este sentido, el proyecto aprobado incluye una norma transitoria nueva con el objeto de disminuir el efecto del reavalúo en la determinación del impuesto a la renta en base al sistema de renta presunta, situación en la que se encuentran la mayoría de los agricultores. Esto implica que para el año tributario 2002, que se declara en el mes de abril del año 2002, se podrán utilizar como base imponible los avalúos vigentes al 31 de diciembre del 2001.

La postergación del reavalúo beneficiará en forma directa a unas 165.000 propiedades agrícolas que tienen actualmente un avalúo fiscal superior a $ 1.846.161, por lo que están afectadas al pago de contribuciones. El número de beneficiados incluye a 45.000 agricultores que tributan bajo el sistema de renta presunta por tener ventas netas anuales que no exceden las 8.000 UTM.

Cabe señalar que la última retasación de los bienes raíces agrícolas del país se efectuó en 1980.