El Tercer Juzgado del Crimen de Santiago acogió el 31 de mayo la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) para someter a proceso a C.G.G., como autor de los delitos tributarios sancionados en el artículo 97 del Código Tributario, incisos primero y segundo del número cuatro, a la vez que dictó prisión preventiva.
El primer inciso aludido señala que “las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del 50% al 300% del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo”.
En tanto que el inciso segundo establece que “los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del 100% al 300% de lo defraudado”.
El sujeto procesado se encontraba prófugo desde 1998, período desde el cual el Servicio de Impuestos Internos (SII) efectuó gestiones para dar con el paradero del mismo, hasta que en mayo se logró su aprehensión.
Este procesamiento se suma a los ya existentes en la misma causa respecto de otros dos querellados.
El juicio criminal se remonta a marzo de 1998, cuando el SII se querelló contra CGG, en su carácter de representante legal de la empresa denominada AICAR SA, a nombre de la cual registró, declaró y contabilizó facturas falsas que dan cuenta de operaciones ficticias e inexistentes.
Las mismas fueron emitidas por proveedores que realizaron su iniciación de actividades a instancias de los querellados, que les ofrecieron dinero o trabajo, en tanto que otros fueron suplantados, ya que jamás realizaron aquel trámite como contribuyentes y en consecuencia nunca timbraron facturas u otra documentación tributaria.
A través de estas maniobras se causó un perjuicio al interés fiscal que a la época de la interposición de la acción penal ascendía a $ 4.579 millones.
Pese al tiempo transcurrido desde la interposición de las querellas, y considerando las diversas etapas que han atravesado las investigaciones judiciales, el SII continuará efectuando todas las gestiones necesarias para resguardar el interés fiscal y para que se sancione a los responsables de cometer delitos tributarios.