El Segundo Juzgado de Melipilla sometió a proceso y a prisión preventiva a una contadora de esa ciudad, quien defraudó a varios residentes de dicho sector que habían contratado sus servicios profesionales.
El procesamiento fue dictado el 2 de abril de 2003 a solicitud de la Fiscalía Anti Facturas Falsas del Servicio de Impuestos Internos (SII) en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Tributario, ello al existir antecedentes que la sindican como autora de la apropiación de los dineros entregados por sus clientes para el pago de impuestos y de la falsificación de los Formularios 29 de Declaración y Pago Simultáneo Mensual para así ocultar su proceder.
La causa se gestó cuando algunos de los clientes estafados se percataron de que no obstante haber entregado por años el dinero para el pago de sus impuestos a la contadora en cuestión, registraban enormes deudas ante la Tesorería General de la República, sin que figurara ingreso alguno en arcas fiscales.
Algunos afectados dieron cuenta del hecho al SII e inmediatamente se dispuso la actuación del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, practicándose una incautación en el domicilio de la imputada.
En noviembre de 2001 el SII interpuso querella contra la imputada por los delitos previstos y sancionados en los artículos 185, 197 y 198 del Código Penal y artículo 100 del Código Tributario, habiéndose detectado la participación de la misma en el timbraje irregular de una serie de facturas que no habían sido autorizadas por el Servicio.
Posteriormente, en diciembre de 2002, se amplió la querella interpuesta por el delito contemplado en el artículo 97 N°4 inciso final de Código Tributario, al haberse constatado la falsificación de los Formularios 29 de Declaración y Pago Simultáneo Mensual.
El perjuicio fiscal calculado en virtud de los hechos perpetrados por la contadora se calcula en un monto superior a los 640 millones de pesos.