Home Santiago, 16 de  Enero de 2003
Presidio y multas fueron dictados en menos de un año desde el arresto

En Calama condenan a cinco miembros de banda que traficaba con cigarrillos


A 541 días de presidio menor en su grado medio, además del pago de multas y el decomiso de una camioneta, condenó recientemente el Juzgado de Garantía de Calama (Segunda Región) a cinco personas integrantes de una banda que ejercía el comercio clandestino en esa ciudad.

Los condenados son Víctor Mamani Urrelo, Jaime Mamani Copa, Ana María Mamani Mamani, Tomasa Basilio Cayo y Auria Basilio Cayo, todos responsables de la comisión del delito previsto en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario.

El caso es trascendente porque se trata de la primera condena que logra la Fiscalía contra el Comercio Clandestino del Servicio de Impuestos Internos (SII) por el delito antes señalado en el marco del nuevo sistema procesal penal, el cual entre otros factores se caracteriza por su rapidez, toda vez que transcurrió menos de un año desde la detección del ilícito hasta que se dictó la sentencia.

Los hechos que originaron el proceso se remontan al 2 de enero de 2002, cuando la Policía de Investigaciones efectuó un control de extranjería a una camioneta, en la cual se movilizaban Víctor Mamani Urrelo y Ana María Mamani Mamani.

Ellos admitieron que en la camioneta eran transportados cigarrillos de contrabando, que alcanzaban a 1.500 cajetillas, los cuales habían sido adquiridos en Calama.

De inmediato, el fiscal de turno procedió a solicitar al Juez de Garantía una orden de entrada, registro, incautación y detención de personas en el domicilio indicado, la cual fue concedida y llevada a efecto la propia noche del 2 de enero de 2002. Se procedió a registrar el domicilio de calle Arauco 2243 (Calama), descubriéndose siete bolsas de cigarrillos importados, por lo cual se detuvo a la dueña del inmueble y a otras dos personas cuando intentaban huían del lugar.

En total se incautaron 9.070 cajetillas de cigarrillos, avaluados en la suma de $9.088.140.

La Fiscalía contra el Comercio Clandestino interpuso la querella respectiva en enero de 2002 y a la fecha la sentencia se encuentra ejecutoriada ya que ninguna de las partes apeló de la resolución condenatoria.