Home Santiago, 16 de  Abril de 2003
Procesados una contadora y nueve de sus clientes

Golpe a mafia de facturas falsas que operaba en Santiago


La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sometimiento a proceso de una contadora y de otras nueves personas, todas ellas querelladas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por diversos delitos tributarios asociados a la emisión de facturas falsas, estimándose un perjuicio fiscal en torno a los $ 92 millones.

Este caso se remonta al año 2001, cuando una auditoria efectuada a una contribuyente permitió detectar en la contabilidad el registro de facturas falsas, las cuales según sus declaraciones fueron entregadas por su contadora previo pago del 50% del impuesto recargado en tales facturas.

Ello provocó que en junio de 2001 se incautaran documentos de tal contadora, entre los mismos 37 facturas sin emitir que presentaban un timbre falso. Además, se determinó que ella incluía facturas falsas en la contabilidad de a lo menos nueve de sus clientes.

Se interpuso querella criminal por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y su uso malicioso, previsto y sancionados en los artículos 197 y 198 del Código Penal, ante el 15 Juzgado del Crimen de Santiago.

Los contribuyentes, en tanto, admitieron en sus declaraciones judiciales y en los careos efectuados, que compraron facturas falsas a instancias de la contadora y previo pago del 50% del Impuesto recargado en dichos documentos. Por estas razones, el SII amplió la querella presentada en contra de todos ellos, por los delitos tributarios previstos y sancionados en los artículos 97 N° 4 incisos primero y segundo, 100 del Código Tributario.

El sometimiento a proceso de los querellados fue gestionado por la Fiscalía Anti facturas Falsas a mediados de enero pasado y el mismo fue ratificado por la Corte el 27 de febrero de 2003. A la fecha, el procesamiento se encuentra firme y ejecutoriado, obteniendo la libertada provisional bajo fianza los nueve contribuyentes procesados, no así la contadora implicada quien la Corte estimó que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en los términos del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.