La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó, el 22 de julio, la condena por delitos tributarios reiterados en contra del abogado Carlos Wörner Tapia, quien entre 1994 y 1996 defraudó al fisco en más $ 100 millones tanto en su calidad profesional y como dueño y representante legal de la empresa constructora Inversiones Bilbao.
Se trata de ilícitos sancionados en el artículo 97, número cuatro, inciso 1° del Código Tributario, que textualmente señala: “Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados medio a máximo”.
Durante esos años, Wörner Tapia suscribió dos contratos con comités habitacionales de la Octava Región, integrados por beneficiarios de subsidios otorgados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), para la construcción de viviendas básicas.
En dichos contratos Inversiones Bilbao se obligó a materializar viviendas con su correspondiente urbanización, en tanto que los miembros de los comités se comprometieron a pagar mediante los subsidios, endosados a favor de la constructora. Se estipuló en los contratos que dentro del precio se consideraban incluidos todos los impuestos, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La sociedad obtuvo el pago anticipado de los subsidios, generándose la obligación de emitir las facturas correspondientes, devengándose entonces el IVA que afecta a tales operaciones. Pero Inversiones Bilbao, pese a haber percibido los montos mediante el cobro de los referidos subsidios y con el fin de evadir el pago del tributo, no emitió las facturas correspondientes y no declaró las operaciones afectas a impuesto.
Simultáneamente, durante los años tributarios 1994 y 1995 Wörner omitió declarar importantes ingresos obtenidos del ejercicio de su actividad de abogado, eludiendo así el Impuesto Global Complementario, al quedar en un tramo que no le correspondía.
Tales ilícitos motivaron que, el 15 de enero de 1998, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentara una querella criminal en contra de Carlos Wörner, la cual fue fallada en primera instancia el 14 de junio de 1999.
Cinco años después, el 22 de julio de 2003, y tras escuchar los respectivos alegatos, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la condena a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a una multa ascendente al 100% de lo defraudado, esto es, a la suma de $102.849.834.
La ratificación del fallo constituye un hito importante desde el punto de vista judicial y pone en evidencia varios elementos: por un lado, que el SII tiene la capacidad para detectar ilícitos tributarios por muy bien encubiertos que parezcan; segundo, que la persecución de estos delitos y la búsqueda de una sanción se mantienen en firme por parte del SII, independientemente del tiempo transcurrido una vez detectados y de acuerdo a las normas legales.
El fallo tiene también una gran repercusión social, pues los hechos perseguidos dieron origen a múltiples procesos, tanto civiles como criminales, producto de que Carlos Worner logró recaudar millonarias sumas de dinero por parte del Serviu, al cobrar los subsidios habitacionales que le fueran endosados por cientos de pobladores, sin haber construido jamás las viviendas a que se encontraba obligado.
También consiguió que el Consorcio General de Seguros respondiera ante el Serviu por dichos dineros, al resolver la justicia que debían hacerse efectivas las pólizas de seguros que garantizaban la construcción de las viviendas.
La sentencia en contra de Wörner que hará efectiva su responsabilidad criminal, tanto desde el punto de vista corporal como pecuniario, es también el único fallo que hasta el momento se ha dictado en su contra por este bullado caso ocurrido en la Octava Región.