Continúa incrementándose tanto el número de empresas privadas como de dependencias del Estado que adoptan e incorporan a sus procesos productivos o de aprovisionamiento de servicios y mercancías, la emisión o recepción de documentos tributarios electrónicos (DTE), totalizando a la fecha la cantidad de 376.
En efecto, recientes resoluciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) elevaron a 93 la cantidad de sociedades que figuran como autorizadas a emitir DTE, en tanto que llega a 283 la cantidad de RUT de dependencias públicas que están en condiciones de recepcionar este tipo de documentación (debe recordarse que un servicio público puede tener distintos RUT de acuerdo a la cantidad de oficinas que tenga en las diferentes regiones del país).
Las empresas chilenas pueden postular desde septiembre de 2003 a ser autorizadas por el SII a registrarse como emisores de facturas electrónicas, en tanto que en julio de 2004 quedó vigente un sistema de facturación electrónica para organismos públicos, mediante el cual todas las dependencias del Estado pueden convertirse en receptores de documentos tributarios electrónicos, particularmente facturas.
El sistema de factura digital potenciará la competitividad y la productividad en la administración de negocios en Chile, estimándose que podrá llegar a generar ahorros por unos US$ 300 millones anuales, cifra equivalente al 0,5% del PIB y a un tercio de inversión anual que se realiza en Chile en tecnología de la información y comunicación (TIC).
Algunos cálculos indican que el costo por factura emitida se reducirá en dos terceras partes desde los aproximadamente US$ 1 que cuesta cada factura impresa, lo cual se traducirá en una significativa ganancia de competitividad y productividad para las empresas chilenas que adopten el modelo.
La factura electrónica es un proyecto emblemático de la agenda digital del sector público y forma parte de la agenda pro crecimiento impulsada por el gobierno y el sector privado.
Como antecedente cabe recordar que el SII convocó, a mediados del 2002, a un conjunto de empresas a formar una alianza público-privado para concretar uno de los proyectos tecnológicos más desafiantes de los últimos años: la implantación de la factura electrónica, sin duda, la oferta más sofisticada y de mayor impacto de gobierno electrónico que revolucionará la economía chilena en el marco de la celebración del bicentenario.
