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28 de Julio de 1999 |
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Ampliación de Viviendas DFL-2 a más de
140 m2 Implica Pérdida de Beneficios Tributarios El Servicio de Impuestos Internos advirtió hoy que las viviendas económicas o DFL-2 pueden tener una superficie construida máxima de hasta 140 m2, por lo que cualquier ampliación por sobre ese límite implica la pérdida inmediata de esa calidad y, por consiguiente, de todos sus beneficios, franquicias y exenciones de carácter tributario. El organismo fiscalizador efectuó esta precisión con el objetivo de evitar confusiones y prevenir a los compradores respecto de la eventual pérdida de beneficios tributarios por infracción a las normas que regulan estas construcciones, a raíz de la publicación de algunos avisos publicitarios en que se ofrece la venta de viviendas DFL-2 ampliables por sobre los 140 m2 de construcción. En este sentido se explicó que las viviendas DFL-2 de menos de 140 m2 de construcción, pueden ser ampliadas hasta 140 m2 sin perder su calidad de DFL-2, siempre que las ampliaciones cuenten con permiso y recepción municipal. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al S.I.I. le corresponde supervigilar que las viviendas económicas o DFL-2 mantengan los requisitos, características y condiciones en que fueron aprobadas, así como dejar sin efecto los beneficios, franquicias y exenciones de aquellas viviendas en que se comprueba la existencia de alguna infracción a la norma, como lo son el cambio de destino, ampliaciones por sobre los 140 m2 o ampliaciones efectuadas sin permiso municipal. Desde el mes de abril pasado el Servicio de Impuestos Internos está efectuando un plan de fiscalización del DFL-2, dirigido especialmente a detectar infracciones por ampliaciones por sobre los 140 m2 de construcción. En este marco han sido inspeccionadas 2.224 viviendas DFL-2 ubicadas en las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, producto de lo cual 767 de estas propiedades han perdido su condición de DFL-2, en especial por registrar ampliaciones por sobre los 140 m2 construidos. Santiago, 28 de julio de 1999. |