1.- Por Oficio indicado en el antecedente señala, que en el Proceso de Operación Renta 2000, fue notificada la empresa XX S.A., RUT 00.000.000-0, con la finalidad de que demuestre la procedencia del crédito registrado en su declaración (Form. 22), por concepto de donaciones a las Universidades, de acuerdo al artículo 69 de la Ley N° 18.681.

Expresa a continuación, que del análisis a la documentación presentada por la referida empresa, se pudo establecer lo siguiente:

 La franquicia en comento fue utilizada para financiar colegiaturas o aranceles de carreras correspondientes a trabajadores de la sociedad notificada, por estudios realizados en las Universidades donatarias;

 Las glosas contables registradas en los libros de la empresa indican "Becas para alumnos" o "Para el fondo de becas a alumnos";

 En los comprobantes contables, figura como imputación del total de la erogación un 50% a cuenta de activo "Donaciones y Aportes" y el 50% restante a la cuenta de activo "Cuentas corrientes personales", o en cuenta de "Gastos";

 Existen solicitudes de los trabajadores de esta empresa, mediante los cuales piden esta modalidad de financiamiento para sus carreras comprometiéndose a enterar ellos el 50% restante de los aranceles mediante descuento por planillas. En resumen, la empresa financia vía donaciones una parte del costo de las carreras de sus empleados y la otra el trabajador que se capacita; y

 Todos estos aportes se encuentran con el correspondiente certificado emitido por el donatario y la resolución pertinente del Ministerio de Educación.

Finalmente señala, que en opinión de esa Dirección Regional, no se cumplen todos los requisitos para emplear la franquicia que otorga el artículo 69 de la Ley N° 18.681, y si tuviera tal derecho el monto desembolsado por el donante sería sólo el 50% ya que el monto restante lo asume el empleado de la empresa, solicitando un pronunciamiento al respecto.

2.- Sobre el particular, cabe señalar en primer lugar, que el artículo 69 de la Ley Nº 18.681, de 1987, establece como norma general, que los contribuyentes de la Primera Categoría que declaren su renta efectiva determinada mediante una contabilidad completa o simplificada, y que efectúan donaciones en dinero a las Universidades e Institutos Profesionales Estatales y Particulares reconocidos por el Estado, pueden rebajar hasta el 50% de dichas donaciones como crédito en contra del impuesto de Primera Categoría que les afecta, hasta ciertos límites o topes; y el 50% restante, lo pueden rebajar como gasto de la renta bruta de la Primera Categoría, en los términos previstos por el Nº 7 del artículo 31 de la Ley de la Renta. Por su parte, esta última norma preceptúa que los contribuyentes de la Primera Categoría que declaren a base de la renta efectiva, que efectúen donaciones en cualquier especie o valor, cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean, privados o fiscales, las podrán rebajar como gasto de la renta bruta, sólo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del 1,6%o del capital propio de ésta al término del correspondiente ejercicio.

Las donaciones que reciban las instituciones de educación superior, en conformidad a dicha norma legal, deberán ser destinadas a financiar la adquisición de bienes muebles y de equipamiento o a la readecuación de infraestructura que tengan por objeto apoyar el perfeccionamiento del quehacer académico. Asimismo, podrán ser empleadas en financiar proyectos de investigación en esas instituciones. Los bienes inmuebles adquiridos con las donaciones, quedan afectos a los fines de docencia, investigación y extensión de las respectivas instituciones.

Por expresa disposición del inciso segundo de la citada disposición legal, las empresas donde el Estado, ya sea, directamente o a través de sus respectivas empresas u organismos, tenga una participación igual o superior al 50%, no podrán acogerse a los beneficios tributarios que establece la norma legal que se analiza por las donaciones que efectúen a las instituciones u organismos donatarios a que se refiere el precepto legal en comento.

3.- Por su parte, esta Dirección Nacional las instrucciones pertinentes sobre la forma de operar de esta franquicia tributaria, las impartió a través de la Circular N° 24, de 1993, destacándose de ellas lo siguiente:

 Dicha franquicia sólo beneficia a los contribuyentes que efectúen las donaciones que se comentan, y no a otras personas, aunque exista una vinculación económica o legal con el donante, como podría ser por ejemplo, en el caso de las sociedades de cualquier naturaleza, respecto de los socios o accionistas por las rentas retiradas o distribuídas de dichas sociedades y afectas al impuesto Global Complementario, y

 Para que surtan los efectos tributarios que establece el artículo 69 de la Ley Nº 18.681 y su respectivo Reglamento, es condición indispensable que el donante no reciba una contraprestación de la institución donataria como consecuencia de la donación efectuada, ya que si ello ocurriera, no tendría aplicación la normativa legal antes mencionada, aplicándose en la especie íntegramente las normas generales de la Ley de la Renta que reglan la deducción de los gastos.

4.- Ahora bien, analizados los antecedentes del caso en consulta y atendido las instrucciones impartidas sobre la materia, esta Dirección Nacional concluye que en la situación planteada, la empresa donante sólo tiene derecho a considerar como donación efectuada para los fines de la norma legal en estudio el 50% del monto total entregado a la Universidad, puesto que el 50% restante al ser descontado de las remuneraciones de sus empleados no corresponde a una donación realizada por la referida empresa, sino que constituye en estricto rigor al pago de parte de los aranceles y costo de sus carreras efectuados por los propios empleados estudiantes a través de su empleadora mediante el sistema de descuento de las respectivas cuentas corrientes de los empleados.

5.- En consecuencia, respecto de las donaciones efectuadas por la empresa individualizada en virtud del artículo 69 de la Ley N° 18.681, procede expresar que en la medida que éstas cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en la citada Circular N° 24, de 1993, sólo el 50% del total entregado a la Universidad se podrá utilizar como beneficio tributario amparado en la norma legal precitada, ya que dicho valor ha sido el realmente asumido con cargo al patrimonio de la empresa, no así el 50% restante, ya que tal como se indicó anteriormente, y de acuerdo con los antecedentes que se aportan en la presentación, dicho porcentaje es asumido patrimonialmente por los trabajadores de la empresa que estudian en la universidad, correspondiendo en estricto derecho al pago de los respectivos aranceles de sus carreras universitarias que son cancelados a través de la empresa empleadora mediante el descuento correspondiente.

JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
DIRECTOR

Oficio Nº 204, del 17.01.2001
Subdirección Normativa
Depto. Impuestos Directos