Ante la inminencia del envío al parlamento de un proyecto de ley que crea los Tribunales Tributarios, el Presidente del Colegio de Contadores de Chile, señor Luis Alberto Werner-Wildner, manifiesta que, de acuerdo al análisis efectuado por las comisiones asesoras del Colegio, especialistas en materias tributarias, un mal cambio en la estructura judicial impositiva podría comprometer gravemente el desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas.

Las principales críticas que se formulan al sistema actual, se refieren a que los Jueces Tributarios carecerían de la independencia suficiente para juzgar y fallar en derecho, dada su calidad de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, organismo que tiene las facultades legales para interpretar las disposiciones tributarias e impartir las instrucciones para su aplicación, las cuales deben ser acatadas por los funcionarios. A su vez, es el mismo Servicio quien fiscaliza y procede a formular las liquidaciones de impuestos respectivas, las que dan origen a los juicios tributarios.

Sin embargo, existen elementos positivos en el actual sistema, que es necesario destacar, como ser la mayor agilidad en los fallos en comparación con los Tribunales Superiores que conocen las causas en segunda instancia; la libertad que tiene el contribuyente para asumir su defensa en forma personal o a través de su Contador, que conoce en mejor forma su situación tributaria o con la asesoría de otro profesional especializado en la materia; sin costos procesales en la tramitación, y en los casos en que el fallo es favorable al contribuyente, este es definitivo, ya que el sistema no contempla apelación por parte del Fisco.

La preocupación de los Contadores, es que a cambio de la anhelada independencia de que, se supone, se investirá a los tribunales tributarios, se introduzcan modificaciones que puedan encarecer significativamente los costos de litigar y aumentar la demora en lograr la resolución de los casos, puesto que el Fisco tendría que apelar en contra de los fallos hasta agotar todas las instancias que correspondan, lo cual implica que el contribuyente deberá asumir mayores costos por concepto de reajustes, intereses y multas al momento del pago del impuesto, si el fallo finalmente es adverso. Además, si el acceso a los tribunales tributarios queda limitado sólo a través de abogados, implica mayores honorarios, al tener que asumir la defensa en todas las instancias.

En tales circunstancias, los más afectados serán las pequeñas y medianas empresas que en la actualidad asumen la defensa a través de sus propios Contadores, logrando resultados positivos en porcentajes cercanos al 50%. En cuanto a los fallos negativos, un escaso porcentaje se decide a interponer recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, por las razones de costo ya indicadas.

En consecuencia, por mucha independencia y perfección que puedan lograr estos Tribunales, este sector de contribuyentes, por razones de costos, no podrá acceder a ellos y los Contadores perderán un espacio en su campo profesional.

Mientras no exista una reforma integral, nos parece es preferible perfeccionar el sistema existente en el sentido de darle una mayor autonomía a los jueces tributarios, para lo cual sería necesario que tanto su nombramiento como su remoción no dependa del Servicio de Impuestos Internos.

Presidente Nacional