La I. Corte de Apelaciones de La Serena confirmó con declaración la sentencia del Segundo Juzgado de La Serena que había impuesto una pena de 5 años y un día a un contribuyente querellado, por haber incluido en la contabilidad facturas de presuntos proveedores, no respaldadas con documentación alguna, aumentando con ello en forma ficticia el Crédito Fiscal a que tenía derecho, conducta sancionada en el N° 4 del artículo 97 del Código Tributario.

El tribunal de alzada consideró que la pena asignada por ley a este ilícito debe aumentarse en un grado, atendida la reiteración, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 112 de ese mismo cuerpo normativo, y al afectarle la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, dicha pena se aplica en su mínimo, correspondiéndole al acusado, en consecuencia, la pena de diez años y un día, sin que sea posible concederle alguno de los beneficios de cumplimiento alternativo de la pena en atención a la extensión de la misma.

La sentencia de segundo grado consideró:

“Primero: Que el ilícito por el que se castiga al procesado: “inclusión en la contabilidad del contribuyente investigado, de facturas de presuntos proveedores, mediante operaciones no respaldadas con documentación alguna, aumentándose así ficticiamente el crédito fiscal del encausado”, tipificantes del delito reiterado de defraudación, previsto en el artículo 97 N°4 inciso segundo del Código Tributario, se sanciona con las penas principales de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y de multa de cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado.

Segundo: Que, correspondiendo imponer la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, atendida la reiteración, este Tribunal la subirá en un grado, como lo dispone el artículo 112 del Código Tributario, por lo que la pena queda fijada en presidio mayor en su grado medio, pero como beneficia al encausado la circunstancia atenuante de su irreprochable conducta anterior se impondrá en su mínimo quedando en diez años y un día por la totalidad de los delitos, acogiéndose así las acusaciones fiscal y particular deducidas de fojas 788 a 801 y 803 a 818 y adhesión del señor Fiscal Judicial señor Humberto Mondaca Díaz de fojas 820.

Tercero: Que, estos sentenciadores discrepan con lo opinado por la señora Fiscal Judicial en su informe del segundo otrosí de fojas 1091 y 1123 en cuanto a la penalidad a aplicar al sentenciado, conforme a lo expuesto en la consideración que antecede, lo que impide conceder alguno de los beneficios alternativos al cumplimiento de la pena.

Cuarto: Que la sentencia complementaria no se pronunció derechamente con respecto a la acusación particular que había sido acogida, efectuando en esta última un razonamiento que lleva a la conclusión lógica de que el juez a quo iba a rechazar dicha acusación particular.

Quinto: Que la acusación particular de fojas 803 se refiere a los mismos hechos que fueron motivo de la acusación fiscal por lo que ésta será acogida al dictarse sentencia condenatoria en contra del procesado.

Sexto: Que en atención a la extensión de la pena privativa de libertad a imponer al sentenciado, como se ha expresado no es posible concederle alguno de los beneficios de la Ley N°18.216.”

CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA – 13.12.2002 – RECURSO DE APELACIÓN – ROL 214.649 – SII C/ ROLANDO RUBIO VIVES - MINISTROS SRES. JUAN ESCOBAR ZEPEDA – ALFREDO AZANCOT VALLEJO – MARÍA ANGÉLICA SCHNEIDER SALAS.