Cabe señalar que todos los cambios efectuados por el Senado al proyecto original aprobado en enero último por la Cámara de Diputados fueron ratificados anoche en su tercer trámite constitucional.

El proyecto aprobado constituye el mayor y más completo esfuerzo gubernamental de los últimos años para enfrentar globalmente las causas de la evasión tributaria en el país de manera de reducirla drásticamente. Considerada una iniciativa clave para el financiamiento de los planes y políticas de desarrollo social del Gobierno en beneficio de los sectores más vulnerables de la población, la ley pretende reducir la evasión de impuestos desde un 24% a alrededor de un 20% al año 2005, aumentando la recaudación fiscal en unos US$800 millones anuales al final del sexenio.

En lo medular y a través de un conjunto de medidas, el texto aprobado otorga nuevas facultades legales a los organismos encargados de la fiscalización, recaudación y cobranza de los impuestos; les otorga los medios humanos y materiales para ejercerlas; eleva su eficiencia y coordinación, elimina un número importante de resquicios que originan elusión tributaria y también integra un conjunto de medidas destinadas a proporcionar una mayor equidad al sistema, y modernizar y mejorar la calidad de la atención al contribuyente.

Para ello, modificó diversas leyes entre las cuales se encuentra el Código Tributario, Ley sobre Impuesto a la Renta, Impuesto a las Ventas y Servicios, Ordenanza de Aduanas y Leyes Orgánicas del Servicio de Impuestos Internos, de Aduanas y de Tesorerías.

La iniciativa pretende fortalecer el cumplimiento de la ley y asegurar que toda la sociedad y los diversos agentes económicos cumplan con sus obligaciones tributarias. Como se ha dicho, la acción fiscalizadora apunta claramente en contra de los grandes evasores que actúan sistemáticamente para eludir sus obligaciones, de los delincuentes tributarios que realizan fraudes a través del uso de facturas falsas y de quienes pretenden mantenerse al margen de la fiscalización de la administración tributaria. Por lo tanto, los mayores recursos que generará esta ley no provendrán del ciudadano común y corriente que cumple con sus obligaciones tributarias, sino que de aquel que evade ilegalmente dichas obligaciones o utiliza resquicios legales para eludir su pago.

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