El 29 de septiembre de 2006 la Presidenta Bachelet presentó públicamente la Agenda Pro Participación Ciudadana de su gobierno, que es un conjunto de iniciativas orientadas a promover la participación, el ejercicio de los derechos ciudadanos, el asociacionismo y el respeto a la diversidad. Sus ejes principales, que comprometen esfuerzos de ministerios y servicios, están referidos al acceso de la ciudadanía a información pública oportuna, a la gestión pública participativa, al fortalecimiento de la asociatividad y al respeto a la diversidad y a la no discriminación.

Esta Agenda recoge la experiencia en la materia desarrollada por los gobiernos democráticos, innovando al mismo tiempo en una serie de áreas. Además, esta agenda está en plena sintonía con los postulados del proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobado recientemente por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Uno los ejes de la Agenda es el derecho ciudadano a la información. Para ello se desarrollan actualmente dos grandes líneas de trabajo: el Sistema Integral de Atención a Clientes, Usuarios y Beneficiarios, y la instalación de portales ciudadanos, modelo de información pública a través del cual los ciudadanos pueden acceder a información actualizada y de calidad sobre la oferta pública.

Un segundo eje es el de participación ciudadana en la gestión pública. Se busca que ministerios y servicios incorporen la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Con esta finalidad se han diseñado herramientas y metodologías que están siendo transferidas a dichas instituciones para su aplicación (lo que supone un proceso de acompañamiento y monitoreo en distintas etapas). Entre otras, las líneas de trabajo de este componente son la Coordinación Interministerial de Participación Ciudadana; las Cuentas Públicas Participativas; y la promoción de Minutas de Posición sobre políticas públicas (lo que ha supuesto la celebración diálogos participativos con actores involucrados).

El eje de fortalecimiento del asociacionismo tiene que ver con el apoyo a la ciudadanía organizada, refrendando su aporte a la consolidación democrática, al desarrollo social y económico y a la activación del capital social en el país.

El cuarto eje es el conjunto de acciones en pro de la igualdad y la no discriminación. Al respecto se buscar comprometer a la sociedad en el desarrollo de conductas, normas y acciones no discriminatorias. Con el objeto de institucionalizar lo anterior, está en trámite de discusión y aprobación en el Senado un proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación y la coordinación de un Plan de Acción contra el Racismo y la Discriminación, a cargo de un grupo de trabajo interministerial del nivel central y trece grupos interministeriales regionales a los que se incorporan organizaciones vinculadas a grupos vulnerables a la discriminación.